El conflicto laboral en el ERA se enquista entre caceroladas y acusaciones cruzadas

Los trabajadores mantienen el encierro en demanda de mejoras retributivas y de plantilla, y el Principado los acusa de no querer negociar

Los empleados concentrados en el centro de Los Canapés, en Avilés.

Los empleados concentrados en el centro de Los Canapés, en Avilés. / Marcos Palicio

El encierro que los trabajadores del ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) iniciaron el lunes en la sede de la gerencia del organismo tuvo ayer el acompañamiento coral del ruido de las consignas, de los silbatos y las caceroladas de los trabajadores que salieron al unísono a protestar, todos a las once de la mañana, a las puertas de los 26 centros de Asturias. Dentro de la sede del ERA, los encerrados habían recibido en la noche del lunes la visita de la gerente, Nerea Monroy, pero rechazaron la oferta, su salida a cambio de una cita para reunirse con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

No les basta una fecha y una hora. Resabiados por otros incumplimientos anteriores, reafirmaron ante los responsables de la Administración su voluntad de abandonar el encierro únicamente con "un compromiso firmado" para sus reivindicaciones. Son básicamente dos, una de organización y otra retributiva, ambas conocidas de anteriores escaladas del conflicto laboral del ERA: un ajuste "de mínimos" de las plantillas para que haya al menos cuatro personas para atender cada planta de 38 residentes –la ratio actual es de dos– y el reconocimiento del derecho del personal a percibir un plus de peligrosidad que "llevamos pidiendo años".

El complemento compromete una inversión total de 2,2 millones de euros y los representantes del colectivo justifican su pertinencia en la inflación de agresiones que sufren los trabajadores de los centros de mayores: según la memoria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado, de los 179 casos registrados en 2022, 97 tuvieron como víctimas a personal del ERA. Una de las últimas terminó con la fractura del tabique nasal a una compañera, relata Belén Ordiz, componente del comité de empresa en representación de CSIF. "Nos están llegando perfiles psiquiátricos", protesta, "gente joven con adicciones" y cada vez se hace más evidente su falta de medios para atenderlos. Además de la compensación económica que reclaman y no tienen, tampoco hay "hay psicólogos ni psiquiatras más que en la Mixta, en Gijón, y en Santa Teresa, en Oviedo… Y no nos dan el complemento porque aseguran que no pueden hablar de peligro cuando se trata de atención a mayores".

Ese es, en efecto, uno de los argumentos de la Consejería, que añade que para cubrir la ausencia del plus de peligrosidad se diseñó el año pasado un nuevo complemento retributivo, vinculado a la transformación del modelo de cuidados de larga duración, que el personal del ERA cobra desde enero. Son cincuenta euros al mes, el de peligrosidad serían sesenta, y con él el Principado ve "resuelto" el debate del complemento, pero los trabajadores entienden que merecen una compensación por el riesgo que soportan. Ahí sigue enquistado el desencuentro después de que la Consejera, según fuentes de su departamento, ofreciera a los encerrados hasta cuatro fechas de reunión, todas rechazadas. La última pretendía fijar la cita para ayer por la tarde, después de que Melania Álvarez suspendiera por este motivo su viaje a Madrid para asistir a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales. Con esta actitud, apuntan fuentes de la Consejería, "el comité demuestra que está más interesado en imponer sus planteamientos que en abrir vías de diálogo".

"No tenemos confianza", responden los representantes de la plantilla tirando de sus experiencias de promesas incumplidas. Ya no se creen las ofertas que no vengan con respaldo documental, resaltan. "Nos engañaron en abril y sin algo firmado, no salimos". Además, acusan a la Administración de "mentir" sobre las reuniones –"se nos ofreció una, pero sin ninguna oferta"–y sobre el nuevo plus –"cobrar un complemento no elimina el derecho al cobro de otros reconocidos en el convenio"–.

Es en esas circunstancias que el encierro se mantiene sin visos de avenencia tampoco sobre las demandas respecto a la configuración de las plantillas y la pretensión de los trabajadores de que el incremento de personal que ha acometido la Administración se destine de forma estable a la atención de los residentes y no simplemente a cubrir bajas y vacaciones. El Principado manda por delante el dato del alza que ha experimentado el plantel del ERA, con quinientas personas y cinco millones más invertidos en 2023, y un ejemplo en la Mixta de Gijón, que ha ganado "55 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 29 a jornada completa, y 26 fijos discontinuos". También aquí el comité dice que mienten: "Utilizan ese personal para cubrir las bajas, vacaciones, permisos, pero no para que atiendan más personas por turnos a los residentes".

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