El Estado cuestiona varios preceptos de la ley de simplificación administrativa

La Administración del Estado ha puesto en cuestión la licitud de varias disposiciones incluidas en la ley de medidas urgentes con la que el Principado pretende eliminar trabas burocráticas y simplificar trámites administrativos. El BOE y el BOPA publicaron ayer el acuerdo de la comisión bilateral Estado-Principado que da inicio a unas negociaciones tendentes a “resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 1 y 2 y la disposición final cuarta” de la norma. Se refieren a las modificaciones que la ley introduce en los trámites de evaluación ambiental de proyectos o planes urbanísticos, entre otras medidas, y su ajuste a la legalidad será valorado por un grupo de trabajo constituido al efecto. El Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies advierte de que esta negociación es previa a un eventual recurso de inconstitucionalidad y de que “la reforma ‘estrella’ del Principado se arriesga a acabar estrellada en el Constitucional por precipitación y exceso de celo antiburocrático”.