En un barrido de izquierda a derecha, o de Vox y PP a Podemos e IU, la sesión parlamentaria de control al Gobierno del Principado acabó este martes en una táctica envolvente involuntaria alrededor de la gestión del salario social. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, tuvo que hacer frente a una profusión de menciones a las dificultades con las que se ha encontrado su departamento para localizar a los perceptores de la renta básica para plantearles una oferta de itinerario laboral. Su contraataque es el anuncio de un llamamiento masivo a los 14.300 beneficiarios para actualizar la situación en la que se encuentran, de un barrido “para que las personas que hayan rehusado o no hayan podido ser localizadas sean citadas de forma presencial e individual por los servicios sociales municipales para proponerles medidas alternativas”. Empezarán los incorporados a la nómina de perceptores en el último año y el propósito es que “el cien por cien de los beneficiarios cuenten con un programa de inserción laboral”.

Se protegió Álvarez de las acometidas de sus antagonistas parlamentarios haciendo explícita defensa del camino recorrido en este terreno, recordando que “en los tres últimos años, y aun con las dificultades de la pandemia, hemos sido capaces de redoblar el esfuerzo de puesta en marcha de medidas de inclusión social”. Habló de la ley de garantía de derechos y prestaciones básicas y de sus seis convenios de inclusión laboral para perceptores de la renta básica, “de una batería de medidas” a la que ya debe seguir un proceso de evaluación y balance. Va por delante que el suyo es de entrada “positivo, porque en Asturias se esta desplegando una gran variedad de itinerarios de inclusión para que esa oferta se adapte a las necesidades de cada persona”. También es favorable, a su juicio, que haya 3.000 personas “participando en estos itinerarios puestos en marcha en los últimos meses”, pero como quiera que “no esquivamos las dificultades, sino que las reconocemos y las enfrentamos”, también conviene arreglar lo que funciona peor. De vuelta al punto de partida de este debate, la proporción de personas –una de cada cuatro– a la que no fue posible localizar, la Consejera admite que “no siempre cogemos el teléfono cuando nos llama un desconocido”, avanza que los ilocalizables han sido dirigidos a los servicios sociales municipales y que la reticencia sólo ha llevado a que “una minoría anecdótica” haya sido propuesta para la suspensión de la percepción del salario social.

Era la respuesta del Gobierno para la enmienda a la totalidad el sistema de la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco –“no puede ser que haya niños aspirando a vivir del salario social”– o al foco en “la gestión” que puso la popular Reyes Fernández Hurlé. Su grupo valora “positivamente que en Asturias exista el salario social como derecho reconocido, pero es insuficiente y no responde a las necesidades reales y vitales de las personas vulnerables. Es necesaria y urgente una revisión y una actualización” que “reenfoque esta ayuda para vincularla a políticas de inserción social y laboral”. Ovidio Zapico (IU) partió de la crítica a los errores que a su juicio abren la puerta al discurso de la extrema derecha a una oferta de mano tendida para “reforzar el salario social en el marco del presupuesto”. Puso el ejemplo del País Vasco, que está “a punto de cerrar la ley del sistema vasco de garantía e inclusión” mediante un acuerdo de la izquierda con el Ejecutivo autonómico y que acaba de cifrar “en un 0,45 por ciento” el fraude en su equivalente al salario social.

El debate recurrente sobre las disfunciones de la gestión social en el Principado volvió por donde solía cuando el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, volvió a traer a la Junta a los “miles de personas que llevan año y medio esperando para cobrar las ayudas al alquiler que tienen concedidas y cumplen todos los requisitos”. Melania Álvarez volvió a reconocer la existencia de un “evidente retraso”, achacable a la ralentización provocada por la decisión de “ampliar el crédito para llegar al total de personas que cumplen los requisitos“ y garantizó de nuevo, pero de nuevo sin fecha, que todos los que se encuentren en esa situación van a cobrar.