El Ayuntamiento de Mieres actuó "siguiendo el procedimiento" en el caso del "embargo en diferido" de la plaza de abastos

"Se ha actuado siguiendo en todo momento el proceso". Así responden desde el Ayuntamiento de Mieres a la acusación de una comerciante de la plaza de abastos, que tras cerrar sus puestos el pasado septiembre, recibía la pasada semana un embargo en sus cuentas por más de 800 euros por el alquiler del espacio cuando ya había cerrado la tienda. Las fuentes municipales explicaron que ahora, la comerciante tiene la opción de hacer un recurso, y serán los técnicos quienes determinen si se acepta o no, pero que en todo caso, "el proceso que se siguió es el protocolo habitual, y lo que debería haber hecho es ir a notificar que no había llaves para dar por cerrado el puesto cuando se le requirió".

Para ponerse en antecedentes, todo comienza en septiembre de 2022. La comerciante, María Sixto, tiene varios negocios en la plaza de Abastos de Mieres. Y decide cerrar una panadería, que ocupaba tres puestos (los numerados como 1,2 y 3 tal y como se recoge en los documentos oficiales). Presenta en el Ayuntamiento la solicitud de baja, el día 19 del citado mes. Y según su relato, no es hasta enero cuando en el registro del consistorio le dan otro papel en el que se acepta el cierre de los puestos. Hace unos días, María Sixto recibía un embargo en sus cuentas por valor de algo más de 800 euros. Una deuda que correspondería a los meses de alquiler del puesto cerrado de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Afirma en su denuncia pública, que el propio consistorio reconoció, de palabra eso sí, que el fallo estuvo en la administración. Sin embargo, la versión municipal va por otros derroteros.

Un embargo en diferido en la plaza de Abastos: le requisan 800 euros de sus cuentas por el "impago" del alquiler de un negocio que cerró meses atrás

Las fuentes municipales consultadas por LA NUEVA ESPAÑA explican que para el cierre de estos puestos se siguió el procedimiento habitual. Reconocen recibir la petición de baja en septiembre, pero, y aquí es donde las versiones discrepan, apuntan a que días más tarde se le notificó a la inquilina que se personase con las llaves de los locales en el Ayuntamiento. Ella esgrime que no hay llaves que cierren los puestos, pero el Ayuntamiento señala que eso lo debería de haber notificado en aquel momento, "y no meses más tarde como hizo". Y ahí, en ese lapso temporal, es de donde viene la deuda.

Desde el Ayuntamiento explican que para dar de baja un puesto en la plaza de abastos, el inquilino tiene que notificarlo, y a continuación entregar las llaves del puesto para que el personal municipal compruebe que todo está en orden antes de dar el visto bueno a la rescisión del contrato. Y según parece, esos tres meses que pasaron entre uno y otro son los que ahora le cobran a la comerciante.

¿Qué solución hay? Pues administrativamente, y según el Consistorio, a la comerciante solo le queda la vía del recurso, que deberá presentar en el Ayuntamiento de Mieres. A partir de ahí serán los técnicos los que decidirán si les devuelven lo cobrado o no. "Se ha seguido el proceso escrupulosamente", zanjan desde el Ayuntamiento.

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