El Gobierno del Principado aseguró ayer que va ser “reivindicativo” ante el Ministerio para la Transición Ecológica para que se cumpla el compromiso de incrementar las compensaciones a la industria electrointensiva de la región por el CO2, una ayuda vital en un momento en el que los costes energéticos no dejan de crecer y se mantiene la brecha de precios con respecto a plantas de países competidores. Sin embargo, desde el Ministerio no se contempla un incremento de compensaciones este año. El subdirector general de Mercados de Carbono, Ignacio Sánchez, apuntó ayer, a pregunta de LA NUEVA ESPAÑA, que no se esperan cambios en el presupuesto de este año, donde el Gobierno incluyó 79 millones de euros tras detraer 30 para cumplir compromisos con el PNV a cambio de apoyo a las cuentas. “Es lo que hay”, había afirmado la semana pasada la propia ministra Teresa Ribera.
Ignacio Sánchez participó ayer junto a Nieves Roqueñí, viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado, y Cristina Riestra, jefa del área de Medio Ambiente y Clima de CEOE, en la jornada “La Ley de Cambio Climático y Transición Energética: impacto para Asturias”, organizada por FADE y el Club de Calidad. En esa Ley aprobada el pasado mes se apunta que conforme a la normativa comunitaria se podrá destinar hasta un 25% de los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión a compensar los efectos de los costes indirectos por las emisiones de CO2 en instalaciones industriales en riesgo de fuga de carbono. De llegar a ese tope, las compensaciones se triplicarían.
“Es una buena noticia que dentro de los ingresos procedentes de las subastas haya un retorno a la industria y que se cuantifique en un 25% de esos ingresos. Tenemos que ser reivindicativos con el Ministerio para que sirvan para compensar los efectos de los costes indirectos de las emisiones de CO2 en la gran industria electrointensiva”, señaló Nieves Roqueñí. Sin embargo, el subdirector general de Mercados de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica entiende que, en ese punto, la Ley trata de “orientar” el presupuesto general del Estado. “Yo diría que la aplicación de esta disposición sería para el presupuesto del año que viene. El presupuesto de este año está aprobado y, en principio, entiendo que no se cambiaría por este motivo”, afirmó Ignacio Sánchez. La semana pasada, el Gobierno del Principado había insistido en la posibilidad de introducir modificaciones en las cuentas de este año.
Huella de carbono
En la jornada organizada por FADE y Club de la Calidad, Nieves Roqueñí destacó el “importante esfuerzo” realizado por Asturias en la reducción de emisiones de CO2: del 31,9% con respecto a 1990 y del 11,7% con respecto a 2010. Además anunció, en línea con la Ley de Cambio Climático, la próxima aprobación de un decreto para la puesta en marcha de un registro de huellas de carbono, que deberán calcular y aportar las empresas. Esa huella será tenida en cuanta, por ejemplo, en los pliegos de contratación pública.
La nueva ley de Cambio Climático establece también que las empresas públicas deberán desinvertir en las actividades vinculadas a combustibles fósiles. Preguntado por Hunosa, Ignacio Sánchez apuntó que “la Ley establece un objetivo y desde su entrada en vigor se inicia un proceso de dos años en el que se tiene que hacer un estudio de cual es la situación de las empresas públicas en las que hay ese tipo de actividad y a partir de hay establecer un plan para desinvertir”.
Cristina Riestra, responsable de Medio Ambiente de CEOE, apuntó que “hay que concretar cuanto antes el desarrollo reglamentario de la Ley de Cambio Climático y es necesario flexibilidad”.