La instalación de cámaras en la zona rural se congela por falta de informes técnicos

El gobierno local debe hacer una memoria de cada dispositivo, más de una veintena, para su aprobación por la comisión de videovigilancia

Agentes de la Guardia Civil en la rotonda del Curullu, en Castiello, el pasado mes de noviembre. | Marcos León

Agentes de la Guardia Civil en la rotonda del Curullu, en Castiello, el pasado mes de noviembre. | Marcos León / I. PeláezI. P.

I. Peláez

I. Peláez

Toca seguir esperando. La instalación de cámaras de seguridad en la zona rural de Gijón, una promesa del Ayuntamiento, con el amparo de la Delegación del Gobierno, a los vecinos después de la oleada de robos que se produjo en noviembre del año pasado, se ha frenado y no se espera que este mes de febrero vaya a estar encima de la mesa de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, el organismo que deberá dar el visto bueno a esas medidas disuasorias. El motivo es que todavía no se ha terminado de elaborar toda la documentación exigida para materializar la solicitud, en concreto, falta una memoria técnica justificativa de cada una de las cámaras que solicitará instalar el gobierno local. Según ha podido saber este periódico, son más de una veintena de dispositivos los que se pretenden colocar en diferentes puntos de las áreas rural y urbana del concejo.

La instalación de cámaras de videovigilancia fue la decisión adoptada por el Ayuntamiento después de celebrar en diciembre del año pasado la junta local de seguridad, presidida por la alcaldesa, Ana González, y la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa. En aquella cita, exigida por los vecinos de las parroquias afectadas, tanto los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón como de la Policía Nacional informaron pormenorizadamente de los robos investigados en sus respectivas demarcaciones. En concreto, fueron 68 los robos en viviendas y chalets registrados hasta el 30 de noviembre, con especial atención a los asaltos ocurridos en Somió, Castiello, Cabueñes o Deva, las zonas más afectadas por estos casos. Los responsables de esos hechos delictivos, explicaron entonces, eran bandas itinerantes que entraban y salían de la ciudad para perpetrar los robos. Pero los agentes dejaron claro que las cámaras de vigilancia en determinados puntos podrían servir tanto de efecto disuasorio como para facilitar después las investigaciones (muy difíciles de capturar y probar las autorías). La instalación de cámaras era, por tanto, a ojos de los expertos, algo clave.

El Ayuntamiento, tras esa junta local de seguridad, solicitó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sendos informes con la ubicación idónea de las cámaras tanto en la zona rural como en la urbana. Ya los propios vecinos, desde la federación "Les Caseríes", también habían hecho su particular propuesta para Castiello, Deva, Cabueñes y Somió. En concreto, las habían pedido para la carretera de Castiello en su entronque con el camino de la Isla, el cruce de Viñao, la carretera de Ceares intersección con carretera de Granda, camino del Conde, en la glorieta del Caballo en la conexión con la A-8, en la glorieta de La Guía, en el alto del Infanzón conexión N-632, en la glorieta del puente del Piles, en las glorietas de la carreta de Deva y la autovía A-8 y en la glorieta del camino San Miguel de la autovía A-8. Algunas de estas ubicaciones sí podrían finalmente coincidir, pero no todas.

Petición vecinal

Una vez cerrados los puntos, el Ayuntamiento remitió la documentación a Delegación de Gobierno. El objetivo es que esa petición la examinase la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, y en el que están representados, entre otros, la Federación Asturiana de Concejos y la Fiscalía de Asturias. A principios de año se remitió la documentación, pero se advirtió de que faltaba incorporar una memoria justificativa de cada una de las cámaras que se pretendía instalar en la zona rural y urbana de Gijón. Se trata de un trabajo técnico y que está en marcha, todavía en fase de proceso, lo que ha impedido llevar el asunto para la reunión del mes de febrero. Se confía en que sí de tiempo a terminar de elaborar la documentación restante para que la petición del Ayuntamiento sea debatida en la comisión del próximo mes. Mientras, los vecinos siguen sufriendo robos, como el ocurrido el fin de semana en Castiello y otros dos más en Ceares.

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