Un militante expulsado denuncia a CSI por vulnerar derechos fundamentales

Continúa la crisis interna en la Corriente Sindical de Izquierda (CSI). Ayer se trasladó al Juzgado de lo Social nº.3 de Gijón, donde tuvo lugar un juicio por una presunta expulsión irregular de un afiliado. En este caso, el sindicato se enfrenta a una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, según señaló La Clase Trabayadora (LCT), la candidatura perdedora en el proceso electoral que impulsó la reelección de Ignacio Fuster hace un año. Al parecer, los hechos se remontan a diciembre de 2022. Según su versión, un afiliado del sindicato CSI, "integrante del sector crítico y una de las caras visibles de la candidatura alternativa al sector oficial en el pasado congreso", fue expulsado "bajo la excusa de entorpecer la vida orgánica y los debates en el seno del sindicato", detalla. Esta candidatura, liderada por la abogada Marta Rodil, denuncia que "detrás de esa expulsión se encuentra la purga permanente de afiliados díscolos que hasta la fecha ha supuesto la expulsión de cinco compañeros y varias denuncias en los juzgados por mostrar una actitud crítica con la deriva autoritaria de la actual ejecutiva" "Estas actitudes autoritarias y despóticas que caracterizan la actual deriva del sindicato no tienen precedentes", remata el comunicado. Fuster denunció en abril haber sido agredido por un militante del sector crítico que había sido expulsado del sindicato.

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