Las empresas de la ampliación reactivan el pleito para exigir 350 millones a El Musel

La UTE Dique Torres continuará con la reclamación de 350 millones de euros a la Autoridad Portuaria de Gijón por discrepancias respecto a la liquidación de la obra de ampliación de El Musel en cuanto sea firme la sentencia de la Audiencia Nacional que no apreció que existieran delitos de fraude y prevaricación en torno a la obra, absolviendo a los 20 acusados, 16 de ellos de Dique Torres, de las empresas que la integran (Dragados, Drace, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas) o sus matrices. Así lo indicó ayer el abogado ovetense Ángel Bernal del Castillo, representante de una de las empresas de la UTE, quien dio por sentado que la sentencia cobrará firmeza y difícilmente se va a poder recurrir, ya que el Tribunal Supremo no puede revisar los hechos declarados probados.

Dique Torres interpuso el 1 de abril de 2013 una demanda civil contra la Autoridad Portuaria de Gijón reclamando 329,29 millones de euros por sobrecostes adicionales en la obra, cifra que se eleva a los 350 millones citados al incluir intereses legales y actualización de precios. En diciembre de 2014 la Audiencia Provincial archivó esa demanda al considerar que no era el juzgado competente, tras lo que Dique Torres interpuso a las pocas semanas un recurso contencioso administrativo. Lo hizo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que paralizó la tramitación de ese recurso a la espera de que se resolviera la causa penal. Ahora, en cuanto la sentencia sea firme, se va a reactivar el contencioso, a petición de la UTE.

Aunque en teoría cabe la posibilidad para las acusaciones de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, Bernal considera que lo probable es que no se produzca dado que "el Supremo no revisa la valoración de hechos probados, por lo que es imposible que cambie el sentido de la sentencia, porque tiene que partir del relato y el relato que asume la sentencia es el nuestro". Es por ello, que "al día siguiente de que cobre firmeza" se reactivará el contencioso. De no haber recursos, en la práctica eso podría darse a principios de septiembre al ser agosto inhábil. El Puerto ha venido defendiendo que ese contencioso se interpuso fuera de plazo, tras haber notificado a Dique Torres en septiembre de 2012 la resolución con la liquidación definitiva de la obra, dándole dos meses de plazo para recurrirla.

Respecto al pleito penal, Ángel Bernal considera "inexplicable" como un superior en la Fiscalía no corrigiera la actuación en este caso del fiscal anticorrupción, que considera cuestionable, así como también la actuación de la jueza de instrucción y apunta que el caso podría haber puesto en apuros a las empresas si les hubieran exigido una fianza de 250 millones de euros por responsabilidad civil que en principio les habían impuesto y que un recurso suyo logró que se eliminara.

Añade que "defendí, y así lo expresé en el informe final, que el caso no debió llegar a juicio y si lo hizo fue por la ausencia de control de la instructora, que no tuvo ninguna iniciativa limitándose a cortar y pegar lo que decía el fiscal, quien desde el principio se dejó llevar por una suerte de teoría de la conspiración que solo existió en su cabeza, sosteniendo una acusación absolutamente infundada basada solo en elucubraciones sin base. Dije que no es admisible mantener, con tozudez exasperante, una acusación basada en meras suposiciones, incoherentes e intrínsecamente contradictorias, y en algunos aspectos excediéndose en su papel, estableciendo hipótesis extravagantes solo para tratar de sostener un inexistente fraude".

Bernal también cuestiona del fiscal "su proceder en lo del Alto Aboño; sostuvo la misma acusación que un particular pero al final la retiró sin que apareciera prueba alguna en el juicio que le hiciera cambiar de opinión, eran los mismos datos, hechos y pruebas. Y al quedar solo la acusación particular, le imponen las costas por temerario. Y lejos quedó, también, aparte de lo de ‘A ver la Ballena’, la acusación contra el Abogado del Estado Jefe de Asturias, una barbaridad que si le corrigieron por vía de recurso. En fin, un nefasto funcionamiento de las instituciones que debía velar por las garantías procesales de los ciudadanos. Y un auténtico dispendio de dinero público en gastos del juicio, tanto que se clama por la recta utilización de los fondos públicos".

Suscríbete para seguir leyendo