El diseño de la ordenanza de zonas de bajas emisiones se antepondrá a la de movilidad

La incorporación a la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público que lidera el edil forista Pelayo Barcia de un responsable jurídico –cuyo proceso de selección está a punto de culminar– es lo único que se espera para poner en marcha del proceso de elaboración de una ordenanza que regule las zonas de bajas emisiones en Gijón. La obligación legal de las ciudades de más de 50.000 habitantes de habilitar este tipo de zonas y, en el caso concreto de Gijón, el compromiso extra que le supone tener financiación europea para el desarrollo de una en La Calzada hace que la elaboración de esta ordenanza se haya convertido en una prioridad en el plan normativo municipal. De hecho, y aunque parte del proceso pueda hacerse de manera paralela, se antepondrá su desarrollo al de la ordenanza de movilidad que debe sustituir a la que dejara aprobada la anterior Corporación y anuló hace unos meses la nueva en base a la mayoría formada por Foro, PP y Vox. En los planes de la concejalía de Tráfico está la previsión de impulsar una tercera ordenanza, la del taxi.

La elaboración de la ordenanza de zonas de bajas emisiones es una de las piezas del plan que maneja el actual gobierno para reactivar el proceso de implantación de la zona de bajas emisiones de La Calzada, tras una serie de ajustes al diseño original incluyendo una reformulación del perímetro del ámbito que se verá afectado por las posibles restricciones al tráfico en ese ámbito ante situaciones de contaminación. El cambio, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, supone por un lado ampliar hacia el oeste el ámbito hasta alcanzar la avenida del Lauredal y por otro excluir de esa primera ZBE gijonesa la avenida Príncipe de Asturias y la avenida José Manuel Palacio, que a través de su conexión por la plaza de Campomanes con la carretera de Avilés permitirá generar una vía de entrada y salida de los coches al centro de la ciudad ajena a posibles restricciones. La remodelada zona de bajas emisiones de La Calzada pasa con el cambio de 3.960,98 a 4.591,85 metros cuadrados.

En cuanto a la fórmula normativa para regular la zona de bajas emisiones de La Calzada, y las que se puedan ir desarrollando en el futuro, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) elaboró hace unos meses una ordenanza tipo que pueda servir de guía para los ayuntamientos. Siguiendo ese modelo, la ordenanza debe fijar, entre otros criterios, el ámbito de aplicación, las condiciones del proyecto técnico previo al establecimiento de la ZBE, las fórmulas de señalización del espacio y los puntos de acceso, las medidas de intervención y el régimen sancionador. Además de dar cobertura a un registro municipal de vehículos autorizados para circular por esas zonas, repartir áreas de estacionamiento y establecer las condiciones para las actividades de distribución urbana de mercancías.

Para poder a adecuar la zona de bajas emisiones de La Calzada a su nueva realidad física y favorecer que su implantación venga acompañada de la normativa correspondiente, el Ayuntamiento de Gijón ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una ampliación del plazo que se le había dado dentro de la convocatoria a través de la que Gijón logró 7 millones de euros de fondos europeos para varios proyectos de movilidad: carriles bus, carriles bici, el servicio público de alquiler de bicicleta y también la zona de bajas emisiones de La Calzada. La prórroga solicitada se extiende hasta el 31 de diciembre de este año y está acompañada de otra petición para poder transferir dinero sobrante de alguno de los proyectos de ese paquete a otros donde la financiación se ha quedado un poco corta.

Todos estos ajustes, y la descripción de algunos problemas sobrevenidos durante la contratación de los proyectos, son el argumentario que ha usado el Ayuntamiento para justificar ante el Defensor del Pueblo que la zona de bajas emisiones de La Calzada no estuviera ya operativa. La entidad que lidera Ángel Gabilondo había iniciado a finales de 2023 una investigación de oficio sobre 33 ciudades que habían incumplido la obligación de tener una de estas zonas. Gijón estaba en ese listado.

La reactivación de los trámites para desarrollar la zona de bajas emisiones supondrá también levantar la suspensión que ahora mismo hay sobre los contratos adjudicados el año pasado. Por cuantía, cerca de medio millón de euros, el contrato más importante tiene que ver con la instalación de las cámaras que controlen el tráfico en la zona. La ampliación del perímetro genera la necesidad de adquirir cámaras adicionales.

El segundo lote del contrato, con un coste de unos 110.000 euros, se centra en la colocación de los sensores que controlen la calidad del aire. Un trabajo que no solo está pendiente de ese nuevo perímetro; también del testeo de los elementos a instalar en el laboratorio de la cátedra Gijón Smart City y de una ampliación para garantizar la conexión de esa sensórica con la plataforma que controlará la zona de bajas emisiones. Y en último lugar está el contrato, de 138.000 euros, de asesoramiento en el desarrollo de ordenanzas y divulgación ciudadana. La nueva previsión temporal es que los trabajos de esos tres contratos se vayan rematando entre junio y diciembre de este año.

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