Jueces: ¿o conservadores o progresistas?

Uno se pregunta si nuestros magistrados son seres monolíticos, que solo se pueden dividir en dos únicas categorías: conservadores o progresistas. ¿No son demasiado simples esas etiquetas? ¿No hay matices? Habrá jueces que son progresistas en unos asuntos y conservadores en otros, habrá jueces incluso mediopensionistas, que diríamos en lenguaje popular, jueces que ni fu ni fa.

Si nuestros jueces respondieran estrictamente a esa etiqueta, que lo dudo, ¿para qué nos sirven si ya sabemos de antemano su veredicto antes incluso de que estudien el caso? El veredicto parece no depender del análisis y deliberación de las controversias, sino del partido que defienda una u otra postura. Igual da que sea justa o no.

Uno entiende que los jueces tengan sus propias ideas, incluso que estén agradecidos a los partidos que los han nombrado. Al fin y al cabo son seres humanos. Pero su profesionalidad debe estar por encima de sus inclinaciones particulares. Y, en la mayoría de los casos, seguro que lo está. No me puedo creer que sean tan cerriles como para obedecer ciegamente la disciplina de partido, como hacen los diputados.

La campaña contra los jueces no es nueva. Llevamos mucho tiempo asistiendo a su descrédito. Se ha hablado de "fachas con toga", "togas franquistas", "cloacas judiciales", "prevaricadores"... Se han hecho mofas sobre que si son viejos y orondos. Se les ha acusado de "no cumplir la ley", olvidándonos de que ellos no hacen la ley, solo la aplican. Incluso se les reprocha ser hijos de papá, porque los hijos de familias pobres no pueden permitirse tener un hijo durante años preparando una de las oposiciones más exigentes.

La ministra Irene Montoro los ha calificado de "machistas". El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, los ha descrito como "un montón de ‘señoros’ justificando que ciertos jueces machistas se salten la ley para bajar la pena a violadores, infundiendo terror sexual a las mujeres desde el Poder Judicial".

Los líderes de Podemos deben de ignorar que, según las últimas estadísticas, de los 5.804 jueces en ejercicio que hay en España, el 56% son mujeres y el 44% hombres. No sólo eso. Si se tiene en cuenta su edad, la brecha aumenta. En la franja de 20 a 50 años, el porcentaje de mujeres alcanza el 67% frente al 33% de hombres. Cuesta pensar que haya tantas mujeres machistas en la carrera judicial.

Nuestros políticos, tan aficionados a las encuestas, deberían consultar la valoración que los ciudadanos hacen de ellos y la que hacen de la justicia. Según el propio CIS –poco sospechoso de conservador–, los políticos y los partidos se encuentran entre los principales problemas que tiene España (el quinto). Para encontrar la administración de la Justicia hay que descender hasta el problema número 32. Deberían hacérselo mirar.

Durante las pasadas semanas, la llamada crisis constitucional ha dado lugar a una pornográfica exhibición de pleonasmos e hipérboles por parte de nuestros políticos (golpe de estado, complot…), que hacen un flaco favor a la salud de nuestro sistema democrático. Han olvidado algo tan evidente, y esencial en democracia, como que el Ejecutivo debe estar sometido al control del Legislativo –no por casualidad se llaman sesiones de control– y ambos al Judicial –para la resolución de conflictos–.

Llevamos décadas poniendo en cuestión el sistema de elección de los órganos del Poder Judicial. Y, como en tantos asuntos esenciales, los partidos han sido incapaces de consensuar un método mejor. Lo que no se puede hacer es cambiar las reglas de juego en mitad de la partida, según convenga en las circunstancias de cada momento. Es decir, acordarse de Santa Bárbara sólo cuando truena, Una vez desencadenada la tormenta, ya es demasiado tarde para casi todo.

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