La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha defendido hoy que las medidas puestas en marcha por el Principado para luchar contra los desahucios tienen similitudes con la normativa aprobada en Andalucía, pero resultan "más eficaces" para evitar que las familias se queden sin vivienda.

Díaz se ha pronunciado así durante el debate de una interpelación de la diputada de IU Marta Pulgar ante el rechazo del Gobierno socialista asturiano a aprobar un decreto similar al aprobado en Andalucía, donde el PSOE gobierna en coalición con IU, que contempla incluso la expropiación temporal de las viviendas a los bancos.

Pulgar ha criticado las medidas "deslavazadas" del Principado para combatir los desahucios -345 iniciados este año en Asturias, según los datos de la parlamentaria de IU- y ha lamentado que el Gobierno regional haya optado por soluciones "diametralmente diferentes" a los puestos en marcha en otras comunidades.

A su juicio, el Principado se ha tomado "con mucha calma" un asunto "que requiere de una actuación más ágil" y se ha limitado a adoptar medidas "muy similares" a las puestas en marcha por el Gobierno central "que ustedes mismos consideraron un parche".

Según la diputada de IU, "para este viaje no hacían falta estas alforjas" dado que el plan de choque del Principado, que contempla la firma de convenios con entidades bancarias para evitar desahucios, adolece de falta de obligatoriedad para los bancos que pueden rechazar la continuidad de los inquilinos en la vivienda, lo que en el caso de Andalucía da lugar a la expropiación temporal.

Para la consejera, el Gobierno asturiano no ha tomado sus medidas "de manera alegre" sino que ha buscado la eficacia con el objetivo de "llegar a las personas y darles solución" a partir del análisis de las necesidades de la comunidad autónoma.

Así, ha recordado que en Asturias se producen el 0,9 por ciento de los desahucios registrados en toda España frente al 22 por ciento que suponen los alzamientos hipotecarios en Andalucía respecto al conjunto del país y que en dicha comunidad su administración autonómica carece de viviendas públicas susceptibles de ser puestas a disposición de las familias que se vean en esta situación.

"Tenemos viviendas para facilitar a quienes se queden sin techo y no necesitamos acudir a otras medidas probablemente más vistosas pero menos eficientes", ha advertido Díaz a la diputada de IU.

El conjunto de actuaciones iniciado en Asturias ha permitido, según la consejera, que el Principado haya puesto a disposición de las personas que sufren un desahucio 50 viviendas públicas y otras 28 fruto del acuerdo suscrito con los bancos "con lo que ahora Andalucía tiene una vivienda y Asturias tiene 78" para este fin.

Dicho plan, ha incidido, ha permitido poner en marcha una oficina de información y asesoramiento a los afectados que ha atendido desde su implantación en noviembre 173 casos de los que 35 se han archivado y el resto está en diferentes fases de tramitación.

Además, se ha reformado el decreto de acceso a una vivienda pública, lo que permite acceder a las mismas en régimen de alquiler social a los afectados por desahucios, y se ha habilitado una línea de ayudas para estos arrendamientos dotada con un millón de euros.

El convenio con los bancos, ha subrayado, guarda numerosas similitudes con la normativa aprobada en Andalucía en lo relativo a los requisitos que se establecen para que los propietarios puedan seguir residiendo en sus viviendas a cambio de un alquiler social que, en la mayor parte de los casos, se situará en unos cien euros.

El debate ha reabierto las discrepancias sobre esta materia entre el Gobierno regional e Izquierda Unida, que vio como su proposición de ley, que reproducía el contenido de la normativa andaluza, fue paralizada en su tramitación en la Junta General.

La iniciativa dejó de tramitarse tras la disconformidad mostrada por el Ejecutivo dado que cambiaría el presupuesto en vigor -una potestad de la que dispone el Gobierno regional- aunque la coalición anunció que volverá a presentarla cambiando su fecha de entrada en vigor por la del 1 de enero de 2014 para superar esta salvedad.