Juan José Benito Manjarrés, el empresario vallisoletano de 56 años detenido el pasado sábado por cobrar el primer plazo del rescate de los avilesinos Ángel Sánchez y Concepción Marlaska (trabajadora del centro de impresión de LA NUEVA ESPAÑA), aseguró ante el juez que creía que estaba recaudando el dinero de una compraventa, y que si hubiese sabido que procedía del secuestro de los asturianos, no habría acudido. Según declaró ante el titular del Juzgado de instrucción número 20 de Madrid -que lo envió a prisión el pasado lunes-, acudió al Palacio de Hielo por indicación del otro detenido, el sirio Louay A., de 28 años. Allí se encontró con dos personas, una de ellas la agente de la Policía de paisano que le entregó el dinero.

Posteriormente, en la mañana del sábado, poco después de que los avilesinos fuesen liberados en La Guajira, fue detenido en una vivienda que tiene alquilada en Paracuellos del Jarama. El abogado que lo defiende, el conocido penalista madrileño Fernando Pamos de la Hoz, aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que su cliente «no pertenece a ninguna red de cobro de rescates, tal como cree la Policía». Añadió que Juan José Benito «fue engañado por una tercera persona a cobrar el rescate».

El abogado presentó ayer ante el Juzgado de instrucción número 7 de Avilés una petición para que el caso pase a la Audiencia Nacional. Pamos de la Hoz indicó que «este tribunal es el competente cuando se cometen delitos contra españoles en el extranjero». El Juzgado número 20 de Madrid ya se ha inhibido en favor del Juzgado avilesino, que se encontraba de guardia cuando la familia de Concepción Marlaska denunció los hechos, el pasado 18 de mayo. En breve se dará traslado al fiscal de Avilés para que se pronuncie sobre si considera que el caso debe pasar a la Audiencia Nacional en Madrid. Pamos de la Hoz añadió que los cargos contra Juan José Benito son muy serios, puesto que por cada uno de los secuestros podría ser condenado a una pena de entre diez y quince años de cárcel, entre 20 y 30 años en total.