El juez del «caso Marea», Ángel Sorando, ha dado un paso de gigante para dar carpetazo a la instrucción de la supuesta trama corrupta generada en la Administración regional durante el mandato del socialista Vicente Álvarez Areces. El magistrado, titular del Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, ha dictado auto de procesamiento contra 29 de los imputados en la presunta red de sobornos, tráfico de influencias y fraudes de dinero público; una larga lista en la que se incluyen nombres como el de José Luis Iglesias Riopedre, ex consejero de Educación; María Jesús Otero Rebollada, ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras en la misma Consejería; Marta Renedo Avilés, la ex funcionaria «clave» en el entramado, o los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, responsables de las firmas Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo) y Almacenes Pumarín, respectivamente.
Ángel Sorando detalla en el escrito los delitos que se imputan provisionalmente a cada uno de los 29 implicados, entre los que también están Eusebio González, ex gerente de la Universidad de Oviedo; Antonio Bernardo, ex director de la Escuela Politécnica de Mieres; José Arturo Verano, ex director general de Recursos Humanos en la Consejería de Educación; José Carlos Madera, ex director general de Promoción Cultural y Política Lingüística, y varios responsables de diversas áreas de los ayuntamientos de Oviedo, Llanes y Avilés, del Servicio Estatal de Empleo e incluso de la Junta de Castilla y León. Entre los delitos a los que se enfrentan están el de cohecho, estafa agravada, fraude de fondos públicos, exacciones ilegales, falsificación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación y prevaricación administrativa.
El instructor de «Marea», por el contrario, acuerda en su auto el sobreseimiento provisional para otras personas y cargos públicos imputados en algún momento del proceso, como es el caso de la ex consejera de Cultura y Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya, cuya firma el juez da por falsificada en varios de los expedientes que fueron objeto de investigación; María del Mar Zapico, ex comercial de Almacenes Pumarín y esposa del ex secretario general del PSOE de Gijón José Manuel Sariego; Ignacio Arias, letrado de la Junta General del Principado; María Teresa Álvarez, socia de María Jesús Otero en varias entidades y Gloria González Baschwitz, coordinadora de obras y proyectos en la Consejería de Educación.
El auto de procesamiento es un trámite muy importante e indicativo con vistas a conocer quiénes serán los que tendrán que rendir cuentas durante el juicio, pero con él aún no está cerrado el proceso de instrucción y la lista de encausados aún podría variar. Las 29 personas que aparecen en el escrito con supuestos cargos delictivos tienen ahora tres días para presentar recurso de reforma contra el auto (dirigido al propio Sorando) y cinco para formalizar el de apelación (a la Audiencia Provincial). Según las fuentes consultadas por este diario, ahora comenzará «un baile de escritos» pidiendo la exclusión de algunos de los procesados y la inclusión de otros que por el momento se han quedado fuera. Por poner un solo ejemplo, alguna de las acusaciones populares ya ha anunciado su intención de solicitar que la ex consejera Ana Rosa Migoya sea juzgada por considerar que «conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo en las áreas del Principado que ella dirigía». Después del período de recursos llegarán las declaraciones indagatorias de los procesados, que son obligatorias en los procedimientos de sumario y ya están fijadas para los días 19 y 20 de septiembre. En ellas los encausados recibirán formalmente información sobre los motivos por los que se les acusa y «podrán declarar como cuando lo hicieron como imputados». Sólo a partir de ahí -es decir, como muy pronto, el 21 de septiembre- Sorando estará en disposición de dictar el auto de conclusión, un escrito en el que se recogerá la lista final de procesados, que cerrará definitivamente la instrucción y que será enviado a la Audiencia Provincial para que las partes puedan presentar sus escritos de acusación.
No obstante, el juez del «caso Marea» parece ahora decidido a concluir cuanto antes una investigación que comenzó hace ya casi tres años y medio en Gijón con la denuncia de Azucena V. F., una mujer a la que supuestamente la funcionaria Marta Renedo usurpó la identidad para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero público. La juez Ana López Pandiella -que fue la que en su día ordenó el ingreso en prisión de Renedo, Otero y Riopedre- inició una instrucción que, muy a su pesar, fue trasladada a Oviedo y se puso en manos de Sorando, que abrió el abanico de los imputados y acabó de desenredar los entresijos de la trama corrupta más importante de las desveladas hasta ahora en el Principado.
