Cinco empresas se negaron a quitar la cubierta ilegal de la casa del Camino del Faro

Candás, B. FERNÁNDEZ

Hasta cinco empresas rechazaron la solicitud de sus servicios por parte del Ayuntamiento de Carreño para ejecutar la obra de demolición de la cubierta de la vivienda número 5 del Camino del Faro de Candás. Sobre el alcalde, el socialista Ángel Riego, pesa una sanción económica de 400 euros fijada por el juez por los retrasos en la ejecución de una sentencia de 2006, según la cual la casa no respeta las alturas legalmente permitidas. Para hacer cumplir la sentencia, el Ayuntamiento busca desde el pasado mes de junio quién realice el derribo según un proyecto del arquitecto belga Cyrille Alfonso.

El problema que se encontró el Ayuntamiento es que ninguna empresa constructora quiere hacerse cargo. El proyecto le fue ofertado por un precio de aproximadamente 37.000 euros a cinco empresas, que se negaron. El motivo es de índole técnica, según fuentes municipales. Sin embargo, se trata de la excusa oficial, ya que otra es que el proyecto de demolición presenta una gran complejidad, que en el futuro puede derivar en problemas estructurales de los que las empresas no quieren hacerse responsables.

Además, el derribo implicaría el desalojo de una vivienda habitada desde su construcción, hace casi una década. Así las cosas, el Ayuntamiento de Carreño ha optado, una vez rechazadas sus ofertas por concesión directa del proyecto, por sacarlo vía urgente a contratación pública. El anuncio saldrá próximamente en el «Boletín Oficial del Principado».

La demolición de la cubierta de la vivienda ha sido problemática desde el inicio. De hecho, el proyecto tuvo que ser encargado a un arquitecto belga, después de que el Colegio de Arquitectos de Asturias descartase designar uno y otros cuatro a los que se hizo el ofrecimiento lo rechazaran. La vivienda se construyó hace ocho años incumpliendo la reglamentación urbanística en lo referente a las alturas, motivo por el cual el juez resolvió que debe derribarse su cubierta.

Tres años después de la sentencia firme el Alcalde aún no la había ejecutado, motivo por el cual el magistrado de la sala uno del contencioso-administrativo de Gijón le impuso una multa el pasado mayo. El juez responsabilizó directamente al Alcalde de la ejecución de la sentencia, multado personalmente el 10 de junio.