La Sociedad Regional de Promoción (SRP) del Principado y Hunosa llevan a los juzgados a los promotores privados de Venturo XXI, los empresarios extremeños José Antonio y Manuel Coronado, que llegaron a Asturias de la mano del anterior director del Idepa. ya prejubilado, Víctor González Marroquín. La Administración regional y la compañía estatal minera reclaman por la vía mercantil 3.272.000 millones a título personal a los propietarios de la firma cartográfica asentada en San Martín del Rey Aurelio, contra los que han interpuesto además querellas por vía penal por un presunto delito de alzamiento de bienes.

El Principado ha acudido a los tribunales para «tratar de recuperar por todos los medios legales el dinero invertido (en Venturo) que estaba garantizado por las propiedades y los bienes de los hermanos Coronado», según aseguró, ayer, en la Junta General, el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre. La cantidad demandada corresponde a la recompra de las acciones públicas de la empresa, que ascienden a 1,2 millones, y al crédito «blando» de Sodeco, valorado en 2 millones. Los intereses y costas elevarían a 3,5 millones el dinero público a devolver por los Coronado.

Torre afirmó, en la comparecencia solicitada por el PP, que la SRP, que tiene un 21 por ciento del capital de Venturo, reclama en total 647.895 euros, con costes e intereses. Hunosa, a través de Sadim, participa con el mismo porcentaje. A estos se suma el siete por ciento de Sodeco, que conforman el 49 por ciento de participación pública en Venturo XXI. El 51 por ciento restante es de los empresarios extremeños. La presentación de estas denuncias forman parte de la estrategia común que desarrolla la representación del capital público de la empresa.

A estas reclamaciones y a las querellas criminales se unen las demandas penales que presentarán esta semana dos empresas acreedoras, Azimut S. A. y Agrovalorsan, contra todos los socios de la compañía, a los que atribuyen un presunto delito de «malversación de fondos públicos». Las demandas se interpondrán contra los dos promotores privados y contra los representantes de la parte pública en el consejo de administración, Manuel Fernández, de Sadim, y el ex representante de la SRP, Víctor González Marroquín.

El Consejero de Industria señaló que «la posible presunción de un delito está lógicamente relacionado con pagarnos a nosotros las cantidades adeudadas». Sobre las empresas interesadas en las instalaciones de la firma, que está en proceso de liquidación, indicó que ninguna compañía del sector cartográfico se ha dirigido al Principado. Sí se hubo contactos, en diciembre, en Madrid, con otras empresas pero «parece que dan largas», dijo Torre.