Madrid, Modem Press
Los cerca de 400 trabajadores de la minería privada a los que les correspondía prejubilarse este año, muchos de ellos empleados en las explotaciones del occidente asturiano, podrán hacerlo ya en los próximos días. El Consejo de Ministros aprobara en su reunión de ayer la modificación del real decreto que regula dichas prejubilaciones para «adecuar la legislación española a las nuevas previsiones» que exige la normativa de la Unión Europea sobre ayudas a la industria minera aprobada en diciembre de 2010 y que liga las subvenciones al cierre de pozos.
El real decreto, que llega con diez meses de retraso, posibilitará la jubilación anticipada de los mineros de las empresas privadas, ya que el sistema de prejubilación de los trabajadores de Hunosa es diferente al llevarse a cabo directamente a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo al que pertenece la compañía asturiana y que viene cumpliendo con sus compromisos en este sentido desde principios de año
Además de esta adecuación a la decisión de Bruselas del pasado 10 de diciembre, la principal novedad que acarrea la norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros es que a los trabajadores prejubilados sólo se les aplicará en sus nóminas la subida del IPC previsto a principios de año y se elimina la cláusula de revisión a final de cada ejercicio según el IPC real. Esta medida, que se ha tomado a instancias del Ministerio de Economía y Hacienda, se justifica dentro de las medidas del «plan de austeridad 2011-2013». Por indicación del Ministerio de Economía y Hacienda, dice literalmente la referencia del Consejo de Ministros, «se modifica la posibilidad de actualización del importe de la ayuda conforme al IPC real anual para los años 2011 y 2012, a fin de ajustar la norma al Plan de Austeridad 2011-2013. A partir de 2012 esa actualización tiene lugar en función del IPC previsto al inicio de cada año natural».
Volviendo a la adecuación del real decreto que regula las prejubilaciones a la normativa comunitaria, la nota hecha pública por el ejecutivo tras el Consejo de Ministros especifica que «desaparecen de la nueva norma toda mención de planes de reestructuración y racionalización a los que se vinculaba la ayuda, así como las referencias a los 'nuevos ingresos' (incremento de plantilla) y a las medidas para adecuar la capacidad técnica y económica de la empresa, ya que dichas referencias estarían en abierta contradicción con el contenido de un plan de cese de actividad».
En el Ministerio de Industria no supieron ayer aclarar la trascendencia de estas precisiones, sobre todo la que hace referencia a las «nuevas incorporaciones» de trabajadores a las empresas, aspecto que negocian estos días la patronal, Carbunión, y las organizaciones sindicales.
El real decreto «exige, además, que la extinción del contrato laboral sea como consecuencia de un plan de cierre de unidades de producción en lugar de un plan de reestructuración y racionalización de la empresa», como sucedía hasta ahora.
Hasta el 31 de diciembre del pasado año, y según los datos oficiales de Industria, el Plan del Carbón 2006-2012 ha propiciado la prejubilación de 4.451 mineros. De ellos, la empresa pública Hunosa prejubiló 2.177 trabajadores, mientras que el sector privado prejubiló 2.274 empleados. Teniendo en cuenta que las previsiones pasan porque este año se prejubilen otros 800 trabajadores, la cifra a final de año superará pues los 5.200 prejubilados a un año vista de la finalización de la actual plan.
