Oviedo, Agencias
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, mantendrá hoy una reunión con los sindicatos de la Fundación Pública para explicarles las nuevas medidas que baraja el Gobierno para el colectivo de empleados públicos, entre las que se encuentra la ampliación de la jornada laboral y la eliminación de una paga extraordinaria (probablemente la de Navidad). Los representantes de las centrales sindicales ya trasladaron al Ejecutivo el malestar por las nuevas medidas que el Ejecutivo quiere poner en marcha.
Durante la inauguración de unos cursos de verano en la Universidad Complutense de Madrid, Cristóbal Montoro, avanzó esta semana que el Gobierno está estudiando la posibilidad de ampliar la jornada laboral de los funcionarios y aproximar su régimen laboral al del sector privado. Montoro indicó que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se «tiene todo hecho», ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que «cumplir todos los días». Según explicó el ministro, la intención es «asimilar el régimen laboral de la función pública al existente en el sector privado. Ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer».
El ministro no quiso desvelar si el Gobierno se plantea también eliminar los «moscosos», los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios, e insistió en que su idea es avanzar en el número de horas semanales que trabajan, aunque en su conferencia en la Universidad Complutense había asegurado que no se iban a recortar. El ministro admitió que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes con «más peso» para que ver cuáles son productivos.
La falta de información y el cuentagotas con el que se están anunciando las medidas ha creado un fuerte malestar entre los representantes sindicales. El presidente de CSI-F, Miguel Borra, criticó que el Gobierno sitúe a los empleados públicos «en el punto de mira» cada vez que tiene que anunciar recortes. CC OO también respondió ayer a las intenciones del Gobierno de alterar las condiciones laborales de los empleados públicos. La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de este sindicato calificó de «intolerable» que el Gobierno pretenda hacer caja a costa de los empleados públicos.
Los empleados de las diferentes administraciones públicas aumentaron un 5,3 % en España entre 2007 y 2011, según un informe elaborado por la patronal catalana Pimec. El porcentaje es todavía mayor en el caso de los funcionarios, que crecieron en un 9,3%: 140.411 personas más, hasta los 1,6 millones de trabajadores.
