IU, PP, Foro y UPyD emplazaron ayer al Gobierno asturiano, del PSOE, a que defienda con todos los recursos a su alcance a los clientes de Cajastur que adquirieron deuda subordinada en 2009 y que ahora se han visto forzados a su canje bien por acciones de Liberbank o por una combinación de acciones y bonos convertibles contingentes.

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, expresó la voluntad del Gobierno asturiano de defender a los clientes de Liberbank dentro de las limitadas competencias autonómicas en una materia cuya regulación está reservada, señaló, al Banco de España y a la Comisión del Mercado de Valores. Carcedo sostuvo que estos productos han sido comercializados por numerosas entidades financieras en el resto de España y también en Asturias, y no sólo por Liberbank. Por ello, dijo, «la respuesta, para ser efectiva, debe hacerse en el ámbito nacional, de forma coordinada y global porque las competencias son nacionales». «Las autonomías», sostuvo, «podemos acompañar ese proceso».

Ignacio Prendes (UPyD) recomendó al Ejecutivo «hacer todos los esfuerzos posibles» y recurrir a las competencias en Derecho de Consumo. De todos los afectados en Asturias (entre 7.000 y 10.000, según Foro), los servicios de Consumo del Principado recibieron 16 quejas de usuarios, dijo Carcedo.

Los cinco grupos expresaron su preocupación por los afectados en el debate de las «interpelaciones urgentes» planteadas por IU y Foro. El período de canje voluntario de Liberbank (antes del forzoso del FROB) ya venció el 25 de marzo.

La más contundente fue Cristina Coto de la Mata, de Foro, quien habló de «absoluta impunidad», «engaño», «estafa» y «tropelía» de Liberbank mientras «sus directivos se enriquecen» y se acometen fusiones en «una auténtica farsa» con la «complicidad del Gobierno de Asturias». «El engaño era tan elaborado que hay empleados que comprador el producto y que animaron a hacerlo a sus familias», aseveró.

Emma Ramos (PP) habló de «alarma social» entre los asturianos «defraudados por su caja» e instó al Principado a lograr que esos clientes «recuperen su inversión total», y acusó de ello al socialista Rodríguez Zapatero.

Ángel González (IU) demandó al Gobierno socialista asturiano que «se implique más» y acusó al Gobierno nacional, del PP, de haber firmado con la UE un Memorándum de Entendimiento para el rescate bancario que presentó como un «simple préstamo» y que ha resultado ser «confiscatorio» del ahorro. «No es la izquierda la que confisca, sino la derecha», argumentó.

Fernando Lastra (PSOE) imputó el canje de la deuda subordinada de Liberbank a las exigencias de la UE pactadas por Rajoy (PP) y asestó que representantes actuales de Foro (Pelayo Roces), PP (Cuervas-Mons, Reinares y Crego) e IU (Agüera Sirgo), y no sólo del PSOE, aprobaron con sus votos en el consejo de Cajastur la comercialización en 2009 de deuda subordinada (tras la experiencia de otra emisión en 2002), para la que «hubo cola» de clientes (la demanda superó a la oferta), que la querían por su «tipo de interés». «El canje era obligatorio porque así lo pacto Rajoy con la Troika», sostuvo el portavoz socialista.