Con su publicación el día 1 en el "Boletín Oficial del Estado", ha entrado en vigor la nueva estructura del recibo de la luz, ya anunciada, en función de la cual la parte fija de la factura (ligada a la potencia contratada y no al consumo) aumenta su peso y pasa de representar el 35% de la parte regulada del recibo a suponer el 60%. Por el contrario, la parte ligada al uso que se haga de la energía reduce su ponderación del 65% al 40%.

Estos porcentaje (60% fijo y 40% variable) impacta en la mitad aproximadamente del recibo: aquella parte de la factura -la regulada- cuya cuantía decide el Gobierno en función de los llamados costes de acceso. La otra mitad del coste final se venía decidiendo hasta ahora por el mercado en las subastas como la que se anuló en diciembre.

El cambio de criterio por parte del Gobierno supone que, en la parte del recibo cuyo precio fija Industria, el consumo de electricidad repercutirá porcentualmente menos que hasta ahora, mientras que lo que se paga por la potencia contratada contabilizará más. Esto significa que, en términos relativos, las futuras subidas (o bajadas) que decida el Gobierno sobre la parte regulada del recibo las notarán más los hogares con consumo bajo y lo apreciarán menos -siempre en términos de incremento porcentual- las familias con mayor gasto en electricidad. Por lo mismo, impactará más en términos de aumento relativo a las segundas residencias que a las primeras y a los hogares con menos recursos y que procuran ahorrar en electricidad frente a los que disponen de más capacidad y no tasan el uso de la luz. El Ministerio dijo que con ello se trata de beneficiar a las familias con hijos y mayor consumo. Sin embargo, en términos absolutos, la repercusión será la misma para todos aunque el incremento porcentual diferirá de forma relevante según cada caso.

La medida afecta a los consumidores domésticos (la mayoría) que estaban acogidos a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), que ahora regirá como "Precio voluntario para el Pequeño Consumidor".