R. GARCÍA

La Policía gijonesa ha abierto una investigación para esclarecer las supuestas prácticas ilegales cometidas por el trabajador de una farmacia que, ejerciendo como supuesto intermediario de una residencia de ancianos recién abierta en la ciudad, estaría coaccionando a otros empresarios del sector de la geriatría para que derivasen clientes a su establecimiento. A cambio de unas cantidades económicas que llegarían hasta los 2.000 euros por anciano que se cambiara de centro y de propiciar a los «empresarios colaboradores» favores ante la Administración del Principado de Asturias, el implicado estaría mercadeando, con unas prácticas muy poco éticas, con un colectivo tan vulnerable como el de los ancianos.

Fue una empresaria del sector de la gerontología la que puso sobre la pista de lo que estaba sucediendo tanto a la Policía como a los responsables de la Consejería de Bienestar Social del Principado. La mujer relató cómo el trabajador de una farmacia, al que conocía ligeramente, se había puesto en contacto con ella para «captar» a algunos de sus residentes, con la intención de que llenaran un nuevo establecimiento abierto en Gijón.

Según esta denuncia, el implicado lleva varios días llamando a responsables de centros geriátricos de la ciudad para «conseguir clientes», manteniendo al margen tanto a los ancianos implicados como a sus familias; a cambio llegaba a ofrecer hasta 2.000 euros «sin factura ni rastro».

En su discurso, el acusado también dejaba caer la «protección» que podía brindar a los empresarios, gracias a sus supuestas buenas relaciones en el Principado. Aseguraba que podía «mover hilos» para evitar inspecciones o para acelerar licencias de obras. De hecho, buscaba precisamente empresarios que estaban pendientes de algún trámite o que habían pasado incómodas inspecciones, y que podían ser más sensibles a sus coacciones.

La denunciante mantiene que al menos dos responsables de residencias de ancianos se han visto obligados a aceptar el trato. Y es que en caso de no enviar residentes al nuevo establecimiento, la oferta se volvía una amenaza: «dice que puede, por ejemplo, paralizarte una obra».

Portavoces de la Consejería de Bienestar Social admitieron ayer que estos días se ha puesto en conocimiento de este departamento regional «prácticas comerciales poco éticas». La Policía ha pedido al Gobierno regional diversas pruebas para comenzar las labores de investigación. Además, la Consejería está elaborando un informe que será remitido próximamente a la fiscalía.

Según la denuncia realizada por la empresaria afectada, en ningún caso se tienen en cuenta ni las necesidades de los ancianos, ni sus preferencias en cuanto a dónde residir. Simplemente se les debía apremiar a dejar la residencia en la que estaban con cualquier excusa. «Que teníamos que hacer obras o que teníamos que reducir la capacidad de nuestros centros», explicaba ayer la afectada. Las «cesiones» de ancianos podían ser o bien temporales, hasta que el nuevo centro geriátrico se fuera consolidando, o definitivas. Para una situación u otra, el acusado ofrecía diferentes pagos económicos, llegando incluso a incluir ofertas de trabajo para personal del centro al que solicitaba ayuda: «si les llevabas cuatro residentes, te admitían un trabajador».

Los responsables de la residencia geriátrica aludida en esta denuncia aseguraron ayer, en conversación telefónica con este periódico, que de momento «no tenemos ningún cliente porque no hemos empezado una campaña de captación y por tanto no es posible cometer ilegalidades».

En un primer momento, la denunciante se puso en contacto con los responsables de la Consejería de Bienestar Social, que dirige la diputada de Izquierda Unida Noemí Martín. En esta institución encontró el apoyo del viceconsejero Ángel González, «que comenzó una investigación», según confirmó ayer la afectada.