Eloy MÉNDEZ
Finalmente no hizo falta la actuación de los «indignados» para evitar el desahucio de una mujer de 65 años y de su hija en el número 8 de la calle Daoíz y Velarde. Los funcionarios del Juzgado ni siquiera llegaron al portal porque el documento oficial presentaba un error en la transcripción de la dirección, lo que obliga a redactar uno nuevo y retrasa la operación «varios días». El medio centenar de miembros del movimiento 15-M que se había desplazado hasta el lugar para evitar el desalojo recibieron con aplausos y risas la noticia.
A mediodía, la puerta de entrada al edificio ya estaba completamente colapsada para impedir que la familia tuviera que abandonar su vivienda por decisión de la constructora Terra-Zalle, que quiere levantar un nuevo bloque. Las mujeres, que pagan un alquiler de 218 euros al mes, firmaron una renuncia al derecho de retorno con los anteriores propietarios y, ahora, piden una indemnización justa y tiempo para buscar un nuevo hogar.
