Los abogados asturianos sopesan ayudar a los más golpeados por la huelga, como en pandemia

La situación de los abogados es tan "apurada" que al menos el Colegio de Abogados de Oviedo está sopesando dar ayudas económicas como ya se hizo durante la pandemia, otro periodo negro para la profesión. Esas ayudas fueron de dos tipos. Por un lado, la suspensión de cuotas, algo ciertamente simbólico ya que los letrados pagan 39 euros al mes. Por otro lado, se aprobó una línea de ayudas destinadas a los colegiados ejercientes más afectados, siempre que acreditasen estar en estado de necesidad. El decano saliente, Luis Albo, justificó que no se hubiese puesto en marcha "porque es una medida que no puede adoptar una junta en funciones".

Será una de las primeras cuestiones a las que tenga que hacer frente el decano electo, Antonio González-Busto. "Lo estamos pasando mal todos los abogados, pero buscaremos la manera de ayudar a los compañeros que estén peor, porque, además, ahora viene agosto, que es inhábil". González-Busto, que se hará cargo del Colegio en los próximos dos meses, aseguró que hay abogados que están" en una situación muy apretada, tirando de ahorro. Desde enero estamos a verlas venir. No se ha tramitado ningún escrito. Son seis meses de paralización casi absoluta. Pocos sectores podrían soportarlo".

El decano electo tiró de lógica y explicó que, en la historia reciente de España, no ha habido "ni un solo conflicto laboral que no haya terminado en acuerdo. De la madurez de las partes en conflicto creo que cabe esperar que, sabiendo ya que van a llegar a un acuerdo, adelanten la solución. Si nos vamos a poner de acuerdo, ¿para qué esperar cuatro meses? Lleguemos hoy a un acuerdo y no prolonguemos la agonía estos cuatro meses". Recordó que el Ministerio acabó en acuerdo con los letrados de la administración de justicia. También con los jueces y fiscales, sólo con sugerir que se podían poner en huelga.

González-Busto expresó su temor a trasladar la impresión de que la huelga sea un problema que afecta sólo a los abogados: "No es cierto". "Esto afecta a los funcionarios, que probablemente de manera legítima quieren ver aumentada su retribución, afecta a jueces y magistrados, que no olvidemos que son un poder constitucional del Estado, y afecta a toda la ciudadanía, que no puede ejercitar sus derechos porque se encuentra con el frontón de una administración de justicia bloqueada. Quizás en la próxima concentración que se convoque, que ojalá no sea necesaria porque se resuelva el problema, tendríamos que estar todos y no solo abogados y procuradores como si fuera un problema nuestro, que evidentemente lo es, porque nuestra situación económica es muy comprometida. Ahí tenemos que estar todos los ciudadanos, también colectivos sociales de todas clase y aquellos que no formen parte de un colectivo. Esto nos afecta a todos. Es como si se ponen en huelga todos los sanitarios, ¿afecta solo a los enfermos? A los sanos también. Aunque a nosotros nos afecta de forma especialísima, lo estamos pasando muy mal".

El decano electo no se hizo muchas ilusiones sobre una pronta resolución del conflicto. "Sería muy deseable, pero no me parece razonable pensarlo", dijo. Y trató de razonar esa intuición: "Los políticos ahora está a otra cosa y ellos son los que lo pueden solucionar, políticos y sindicatos. La solución a este problema está en sus manos. A la abogacía institucional, si se le pide hacer una labor de mediación, convertirse en árbitro de esta disputa, estoy seguro de que estaría encantada de hacerlo. Pero el problema excede de las capacidades de solución que puede ofrecer la abogacía, que es víctima de la situación".

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