El presidente del Supremo pide en Oviedo abordar la crisis "desde las razones y no las pasiones" y "garantizar la independencia judicial"

El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, acudió este viernes a Oviedo para clausurar la asamblea general de la Asociación Judicial "Francisco de Vitoria", que ha renovado sus cargos y nombrado portavoz nacional al magistrado Sergio Oliva Parrilla. Marín Castán, un "vitorino" de pro –se cuenta entre los fundadores–, no desaprovechó la ocasión de hablar del tan traído "lawfare", aunque no con argumentos de cosecha propia, sino remitiéndose a "un texto de toda autoridad para España", como es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condenó a Polonia por injerencias en su poder judicial: "Conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, se debe garantizar la independencia de los tribunales en particular frente a los poderes legislativo y ejecutivo".

Marín Castán se remitió también al comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, "que no se refería a la ley de Amnistía, sino al contenido del pacto que recogía la creación de comisiones de investigación y al ‘lawfare’, esa palabra que nadie conocía y ahora todo el mundo conoce".

El magistrado indicó que "no es por lo tanto desde las pasiones como se debe abordar la situación por la que estamos atravesando, sino desde las razones o por las razones", y puso como ejemplo a los vocales de la Asociación que optaron por la vía jurídica europea para reclamar su presencia en el Consejo del Poder Judicial, algo "que a nadie se le había ocurrido".

Prosiguió con algunos párrafos de la sentencia del TJUE de 15 de julio de 2021, que declaró varios incumplimientos de Polonia respecto de la independencia judicial: "Un Estado miembro no puede modificar su legislación de modo que dé lugar a una reducción de la protección del valor del Estado de Derecho (...) los miembros deben velar por evitar en relación con este valor cualquier regresión de su legislación en la materia de organización de la administración de Justicia, absteniéndose de adoptar medidas que puedan menoscabar la independencia judicial". Y añadió que "el principio de no regresión es uno de los fundamentales".

El presidente del Supremo entregó el Premio a la Independencia Judicial a Carlos Granados Pérez, magistrado y ex Fiscal General del Estado. Con ello se quiso reconocer "su firme defensa de la independencia judicial" durante sus 45 años de trayectoria profesional. "Ello fue especialmente evidente durante su etapa como Fiscal General del Estado (1994-1996), promoviendo la independencia de la institución frente al Gobierno, según se reconoce unánimemente", añade el Jurado. Carlos Granados Pérez fue el artífice de la creación de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción. También ha sido presidente de la Junta Electoral Central (2012-2017). Y es además uno de los jueces de primera instancia e instrucción destinados en Plaza de Castilla que, en 1984, participó en la fundación de la Asociación "Francisco de Vitoria".

El nuevo portavoz de "Francisco de Vitoria" es el tinerfeño Sergio Oliva (1982), que ya formó parte del Comité Nacional saliente, y es "un defensor de la independencia judicial como valor fundamental de una sociedad democrática, así como de la necesidad de acercar la Justicia a la ciudadanía". Oliva elaboró un informe en el que advirtió de que hasta el año 2031 se jubilarán un total de 1.773 magistrados, lo que supone un 32 por ciento de la carrera judicial.

Por otro lado, la asamblea celebrada en Oviedo ha acordado la renovación en el Comité Nacional de la asociación de Teresa García Villanueva, Verónica Ponte García, Luis Ortiz Vigil –titular de la sección octava de la Audiencia Provincial–, Carmen Gámiz Valencia y José Ignacio Martínez Esteban, a la vez que ha elegido como nuevos miembros a los magistrados Pablo Sánchez Martín, María Emma Ortega Herrero y Rocío Moreno de Viana-Cárdenas.

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