"Hay clases sociales que tienen más difícil acceder a una vivienda que hace diez años"

Jesús Daniel Sánchez, director general de Vivienda, está al frente de un área que Convocatoria por Asturias se ha marcado como clave para mostrar su impronta en el Gobierno regional a través de la Consejería de Ordenación del Territorio.

–¿Mucha presión?

–Vivienda siempre estuvo en el ADN de IU y es una prioridad para este gobierno reformista y progresista del que formamos parte. También es una prioridad para el Consejero, porque el derecho a la Vivienda está recogido en la Constitución y para nosotros es vital. Intentaremos resolver los problemas de la gente. Prometimos un cambio radical y somos gente seria y de palabra.

–¿En qué consiste ese cambio?

–Primero, aumentar la oferta de vivienda pública. Hay una clase social que puede tener más dificultades de acceso que hace diez años. Alguien que gane menos de 1.500 euros mensuales tiene muy difícil vivir en Oviedo en alquiler o pagar una letra. Para esos casos debemos ampliar las políticas y cambiarlas.

–La población disminuye y hay más viviendas vacías...

–Pero no están distribuidas según las necesidades demográficas y sociales. De nada sirve tener una vivienda en Taramundi si trabajo en el centro de Asturias.

–¿Cómo se resuelve ese problema?

–Aquí funciona la ley de oferta y demanda. La demanda es esa necesidad de la gente, y debemos poner vivienda a su disposición. Tenemos previsto un incremento del parque público de vivienda. Hay en fase de licitación este año 550 viviendas. Aparte, rehabilitaremos un buen número de ellas, con iniciativa pública y colaboración privada. También estamos preparando el protocolo para aplicar el derecho de tanteo y retracto que puede ejercer la administración autonómica.

–¿Qué promociones tienen en marcha y cuáles se plantean?

–Como le decía, tenemos 550 viviendas proyectadas en Gijón, Siero, Oviedo, Llanera, Soto del Barco, Laviana, Colunga, Mieres, Onís y Taramundi. Y rehabilitaciones también en Gijón, Avilés y Nava.

–¿Elevarán el límite de renta para acceder a una vivienda pública?

–Tenemos un decreto de adjudicación de vivienda y habrá que darle una vuelta. En los concejos de menos de 5.000 habitantes ya se deja esa norma de lado. Pero si vemos que es necesario ese cambio, lo haremos. Somos de gestionar y solucionar. No hay leyes perfectas; la de vivienda tampoco.

–Hay barrios que han perdido atractivo residencial...

–Hay en marcha actuaciones por 30 millones, que deberían estar terminadas en junio de 2026, en Oviedo, Gijón, Avilés, Valdés, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Ribadesella… Nos preocupa porque esto se hace con cargo al Mecanismo de Resiliencia y tiene una fecha de caducidad. Ya le hemos expresado a la ministra la singularidad asturiana, con barrios nacidos al calor de la industria el pasado siglo y que necesitan continuar con esas actuaciones de reparación.

–¿Y se hará?

–Se ha comprometido a estudiarlo. Le hemos reiterado que para nosotros es básico. Hay muchos barrios en los que reside población trabajadora en viviendas envejecidas, que no son eficientes o accesibles.

–¿Qué se puede hacer para que el alquiler sea una fórmula más utilizada?

–Es casi una razón cultural. En el caso de los jóvenes, tenemos más de 4 millones en el bono joven de alquiler y su tramitación va bastante al día. Para ellos se plantea hacer vivienda específica, como en Peritos, en Gijón. Pero no podemos olvidarnos de personas de más edad que también tienen necesidades. Muchas veces se nos llena la boca hablando de menores de 35 años pero ahora mismo la media de las hipotecas que se firman en ASturias se hacen con 42 o 43 años.

–Las ayudas al alquiler sufren un enorme atasco.

–Estamos desatascándolas. Intentamos ser más ágiles pero no es algo instantáneo. Ahora estamos resolviendo de la época del Covid o de 2021, pero también tratamos de mejorar los trámites pensando en el largo plazo. Tenemos diálogo permanente con la plataforma de afectados; este viernes estuvimos con ellos y hemos acordado hacer un seguimiento conjunto de ese desatasco.

–¿A qué se ha debido?

–Por falta de soporte informático. Esto estaba dimensionado para una serie de ayudas, pero cada vez hay más, con requisitos diferentes, documentación diferente. Aumentan las necesidades pero no los recursos. Quiero agradecer especialmente al personal de esta dirección general, que se ha volcado en la iniciativa de desatascar estas ayudas.

–¿Se deben simplificar los trámites?

–Hay que mejorar los sistemas informáticos y optimizar criterios. Y hay bases de datos que no están conectadas: no hay por ejemplo vías ahora para cruzar datos con el padrón o el catastro. Antes de publicar las próximas bases quiero hacer varias pruebas internas para detectar dónde pueden generarse atascos y así optimizarlas.

–En Asturias ya se nota la presión de los pisos turísticos sobre la vivienda en algunas zonas.

–Trabajamos de la mano con la consejería de Turismo para reformar la ley y ya está sometida a consulta pública. Irá a la Junta antes del verano. El problema es que el piso turístico da más rentabilidad al propietario que si lo des tina al alquiler convencional. Eso hace, y aumentará, que en algunas zonas el acceso a la vivienda sea casi imposible.

–Un reciente estudio de la Universidad de Oviedo ya identificó zonas tensionadas en Asturias.

–Encargaremos un estudio para evaluar la situación. No declararemos zonas tensionadas si no hay una petición previa por parte de los ayuntamientos. No actuaremos de oficio, sino que respetaremos la autonomía local. Ahora solo tenemos una petición de Gijón para Cimadevilla y La Arena.

–¿Qué supondrá esa declaración?

–Habría ventajas fiscales a los propietarios y se podría poner coto a los alquileres. Hemos pedido a la ministra que también se regulen los alquileres de corta duración. Los contratos de alquiler activos tendrán las mismas condiciones hasta que expire su vigencia. Si un pequeño propietario hace un nuevo contrato en 2024, no podrá subir la renta más de un 3% respecto al anterior inquilino. Quienes opten por rebajar el precio un 5% se beneficiarán de una deducción fiscal del 90%. El resto accederá a una deducción del 50%.

–La gestión de Vipasa fue cuestionada por IU.

–Sí, queremos un cambio de rumbo que se traduzca en una mayor cercanía con los inquilinos y agilidad ante los problemas. Hay edificios con bastantes deficiencias: además de los 3,4 millones que tenemos para reparaciones hemos incorporado 2,5 millones más, tanto para reparar 250 viviendas en las que no se ha actuado a lo largo de años y que no están a disposición de los asturianos, como para mejorar aquellas ya ocupadas. Queremos que no haya estigma por residir en una vivienda pública: sino que sea motivo de orgullo y se viva en un marco de convivencia.

–¿Qué fallaba en Vipasa?

–No había un seguimiento. Son colectivos que requieren atención. No puede ser que alguien con una renta de 70 u 80 euros mensuales acumule 6.000 euros de deuda y tengamos que aplicar un desahucio. Si se llega a eso es que algo falla.

–Es decir, no ser un mero arrendador.

–Exacto. Hay un componente social importante. Queremos dignificar eso de vivir en un piso público, con orgullo, conservando las viviendas. Y en un marco de convivencia. Ante los inquilinos que no respeten las normas de convivencia tendremos tolerancia cero.

–¿Cuándo resolverán el problema en Pumarabule (Siero)? Se construyeron vivienda spor los daños en las barriadas, pero están cerradas y dañadas.

–Eso lleva desde el año 2020. Ciudadanos asturianos que podían estar viviendo en tres bloques de doce viviendas cada uno no han podido hacerlo. Dos de esos bloques están destrozados por vandalismo, y hay uno con menos daños. Vamos a adjudicar ya las viviendas de ese bloque. Lo que no podemos hacer es una permuta, como se planteó a los vecinos de las barriadas, porque no lo permite la ley. Sí haremos discriminación positiva con ellos en los pliegos de adjudicación del alquiler, pero habrán de aportar un certificado de que su vivienda está en ruinas o inhabitable.

–Han suspendido los desahucios en Vipasa. En los alquileres de viviendas particulares, los inquilinos vulnerables también tienen prioridad para permanecer aunque no paguen. ¿Y qué pasa con los derechos de los propietarios?

–Los desahucios de Vipasa los hemos suspendido por un defecto que había en las demandas. No obstante vamos más allá y cuando hablamos de desahucios entendemos el problema en su conjunto. El Estado da unas compensaciones a los propietarios cuyo inquilino esté declarado en vulnerabilidad y no pueda ser desahuciado. Se pensó para corto plazo y se ha ido prolongando. Nosotros vamos a ser pioneros, con Aragón, en adelantar los pagos a cuenta a cualquier propietario que esté en esa situación, para que cobre la ayuda anticipadamente, sin esperar al alzamiento judicial. Los propietarios asturianos no son grandes tenedores de vivienda, esto no es Madrid. No son fondos de inversión. Puede ser que una familia tenga su plan de pensiones en una segunda vivienda, o mayores que con el alquiler de su vivienda complementan para su residencia. Puedes incluso plantearte que el propietario también está en situación de vulnerabilidad. Hay casos sangrantes.

–Ante el incendio de Valencia, ¿deben estar preocupados quienes hayan hecho reformas con fachadas ventiladas?

–No, para nada. Hay una legislación estatal que ha ido mejorando con los años y se trata de proyectos revisados por arquitectos. Las informaciones sobre las causas de la propagación del fuego son aún contradictorias: se habla del aislante térmico, del material de la placa… tenemos que ser cautos y esperar a la investigación. En todo caso, ahora lo que tenemos es que expresar nuestra solidaridad con los afectados por esa tragedia.

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