"Los argumentos contra el voto a los 16 años son los mismos que contra el de la mujeres"

Margarita Guerrero es directora general del Instituto de la Juventud de España (Injuve), organismo dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego (Sumar). Recientemente visitó Asturias con motivo del primer Consejo interterritorial de Juventud de la legislatura, celebrado en Oviedo. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA aborda algunas de las principales cuestiones que preocupan a los jóvenes.

–¿Qué beneficios aportaría el adelanto de la edad de voto a los 16 años que plantea la Ministra?

–Es una demanda histórica de la juventud y forma parte de la estrategia de la agenda 2030 como una medida a tomar para mejorar los cauces de participación. Estos debates no se dan sólo en España. Hay recomendaciones del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo para estudiar estas medidas. Es una cuestión de equiparación de derechos y obligaciones. Con 16 años puedes trabajar, independizarte, abortar o casarte, pero no elegir a los representantes que te imponen las normas. Por otro lado, en los lugares donde se ha ampliado el voto se ha demostrado que hay una participación más continuada en su ejercicio en edades más avanzadas. Entendemos que si las personas jóvenes votan, sus demandas van a ser más escuchadas por los partidos, porque tendrán que hablar a otro sector de edad y se situarán sus preocupaciones en los programas. Es curioso repasar argumentos utilizados contra el voto femenino y es que son los mismos de los que se oponen al voto a los 16.

–¿Cómo se acerca la política a los jóvenes?

–Hay varias cuestiones, una de contenido y otra de forma. ¿Cómo acercar la política si las demandas de las personas no están en el centro? Para esto es fundamental que ahora que contamos con un Ministerio de Juventud e Infancia se sitúe el tema de la vivienda como un tema de país. Que una persona no se pueda emancipar hasta los 30 años o que tan solo el 16 por ciento se pueda emancipar, no es problema de los jóvenes o que no se esfuercen, es un problema social al que las administraciones deben dar respuesta. Hay una ley de vivienda que interpela a las comunidades autónomas y no todas están declarando las zonas tensionadas para regular los precios de los alquileres. Por otro lado, hemos detectado una gran distancia entre las administraciones y los jóvenes. Hay muchos derechos que son desconocidos, por lo que no se ejercen. Hay un trabajo de pedagogía a trabajar.

–¿Qué se plantea en vivienda?

–Hay buenos ejemplos. En Asturias, el Consejero (Ovidio Zapico) anunció que se licitarán más de 500 pisos de alquiler social para jóvenes. Las administraciones deben asumir su responsabilidad. En Madrid supimos hace poco que el 99% de los pisos turísticos no tienen licencia. Esto significa que hay dejación con las administraciones. Tiene que haber una corresponsabilidad. Somos conscientes de que hay que ir un paso más allá en políticas de vivienda, pero aquí no se ha regulado en vivienda vacacional. Estamos viviendo un momento de "turistificación" de las ciudades que deriva en una expulsión de quienes podrían entrar a esas viviendas. Además entran los fondos buitre. Hay desregularización y especulación. Si a un propietario le sale más rentable alquilar por días que por meses, va a optar por la primera opción. Ahí la Administración debe actuar.

–La salud mental es una de las principales preocupaciones de los jóvenes. ¿Cómo lo afrontan?

–Trabajamos en colaboración con Sanidad y con el Alto Comisionado para situar el eje de la salud mental de los jóvenes como prioritario en las políticas de todo el país. Tenemos alianzas con entidades de profesionales como Red PROEM, que ha conseguido desarrollar un programa piloto que brinda apoyo psicosocial online a jóvenes de 12 a 18 años. Estas iniciativas nos arrojan un aumento de malestar emocional e imposibilidad de acceder a recursos de salud mental. Va al psicólogo quien se lo puede permitir y debemos actuar aumentando el ratio de psicólogos por habitante para que la sanidad pública actúe de manera eficiente. España medicaliza mucho más que otros países europeos, principalmente a la clase trabajadora. Se junta la precariedad con la salud mental. Debemos ir a la raíz del problema y no poner parches.

–Hay estudios que señalan que los jóvenes son cada vez más negacionistas ante la violencia machista. ¿Qué ha fallado?

–El feminismo es de los movimientos con más capacidad de transformación y, como tal, lleva aparejado una ola reaccionaria que cuestiona los avances. Hay un impacto en que tengamos fuerzas reaccionarias en las instituciones que son negacionistas de la violencia de género, de los derechos humanos o del cambio climático, que legitima los discursos que están en redes sociales. Allí proliferan "influencers" que son un refuerzo identitario de una masculinidad tóxica para ellos. Las feministas hacemos pedagogía respecto a cómo operan los privilegios de género en los hombres. Aunque les hayan enseñado que deben ser fuertes, eso conlleva una cara B por la que no pueden mostrar sus emociones. Insistimos en el papel de la educación en igualdad. Si esos estereotipos de género se eliminan en la infancia, será más fácil construir sociedades igualitarias. Es fundamental que el 50 por ciento de la población sea responsable de construir un mundo más igualitario.

–¿Los jóvenes lo tienen más difícil en el medio rural?

–Hay una inercia de mayor inversión en núcleos urbanos. Algunas políticas se destinan en base a la población, lo que redunda en una desigualdad en lugares. Como consecuencia, hay menos oportunidades en el entorno rural. Es un elemento de exclusión cada vez más amplio. Hemos acordado establecer una serie de jornadas que nos permita compartir buenas prácticas. El carnet joven es una oportunidad. Las comunidades llegan a acuerdos con agentes públicos o privados. Es muy útil compartir buenas prácticas porque hay lugares, como Galicia, donde son ellos quienes lo generan automáticamente a los 12 años. En ese momento, se les hace llegar.

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