La “mano tendida” entre el Gobierno y el PP para activar el Consejo de Transparencia, paralizado desde 2018

“Mano tendida” entre el Gobierno regional y el grupo del PP en la Junta General para activar el Consejo de Transparencia, paralizado desde la aprobación de la ley que regula esa materia en Asturias, en el año 2018. Una pregunta realizada por el diputado popular Manuel Cifuentes en el pleno de esta mañana sobre el letargo en el que lleva sumido el desarrollo de esa ley ha servido para escenificar una declaración de intenciones entre la consejería de Ordenación del Territorio y Derechos Ciudadanos, que tiene las competencias en materia de transparencia, y el principal grupo de la oposición.

“Esta Cámara tiene que elegir al presidente del Consejo de Transparencia, con una mayoría de dos tercios. Es decir, también les compete a ustedes. Se trata de una decisión y una responsabilidad compartida”, manifestó el consejero Ovidio Zapico (IU-Convocatoria por Asturias), que más adelante fue aún más explícito, al afirmar que ese nombramiento “es cosa de tres partidos, dos están en el Gobierno y uno no”, en clara alusión al PP. Entre los diputados socialistas, los de IU-Convocatoria por Asturias y los populares suman 39, cifra que incluso supera los 30 escaños requeridos para la mayoría cualificada de dicho nombramiento.

Zapico aseguró que ese nombramiento “para mí es fundamental para desarrollar el reglamento que permita avanzar en la regulación de los grupos de interés”. El diputado popular Manuel Cifuentes ofreció la “mano tendida” de su grupo parlamentario, que el consejero no vaciló en aceptar de inmediato. El Consejero avanzó que la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, estará al frente de la negociación encaminada a lograr el impulso de la ley de Transparencia “en los próximos meses”, aunque eludió dar un plazo concreto “para no encorsetarse en una fecha”. Zapico dijo, además, que no veía problema para que la sede del Consejo de Transparencia pueda estar en Avilés “como se había planteado” años atrás. De hecho, fue la negativa de un funcionario propuesto para ese puesto, José Manuel Fernández, a que ese organismo estuviera en Avilés, el argumento para que el Gobierno autonómico aparcase en la anterior legislatura el desarrollo del grueso de la ley autonómica de transparencia. “Se habló en su aprobación de que era un momento histórico, pero entonces ya se dijo que quedaría en papel mojado si no se desarrollaba”, recordó Cifuentes, que vinculó la paralización con la llegada a la presidencia del Principado de Adrián Barbón y ofreció la “mano tendida” del PP al consejero de IU-Convocatoria por Asturias “si es que tiene intención y le dejan de desarrollar esta ley en la presente legislatura”. Zapico recogió el guante: “Estamos ante la oportunidad de impulsar esta ley en esta legislatura, no puede acabar en papel mojado”. 

La aprobación de la ley autonómica de Transparencia fue uno de los compromisos asumidos por el anterior presidente del Principado, Javier Fernández, tras la “operación Marea”, el mayor caso de corrupción en la administración del Principado. Después de una larga tramitación, más de dos años, se aprobó en 2018, pero desde entonces está pendiente de un desarrollo ligado sobre todo a la constitución del Consejo de Transparencia del Principado

Suscríbete para seguir leyendo