Medio centenar de empresas asturianas estrenan el buzón de denuncias anónimas

El medio centenar de empresas asturianas (4.700 en España) que cuentan con más de 250 trabajadores, tienen que tener habilitado a partir de hoy un buzón de denuncias anónimas a través del cual empleados, proveedores o incluso clientes puedan trasladar a la compañía irregularidades o ilegalidades que hayan detectado. Así lo dicta la "ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción" que aprobó el Gobierno en febrero y que dio de plazo a las grandes compañías hasta el 13 de junio para poner estos canales a punto en las empresas de más de 250 trabajadores; las de entre 50 y 250 trabajadores (unas 300 en Asturias) tienen tiempo hasta el 1 de diciembre.

El primero de estos dos lapsos de tiempo vence hoy y, por corto que haya sido según varias compañías consultadas, coge a la mayoría de ellas con los deberes hechos, aunque también con dudas, incertidumbre y mucho escepticismo acerca de cómo de rigurosa va a ser realmente la aplicación de esta nueva ley.

"Lo cierto es que la norma es muy complicada y algunas cuestiones no quedan muy claras, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello supone", afirma Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo y consejera de Sagardoy. Este despacho de abogados ha asesorado a varios de sus clientes para implementar los nuevos buzones de denuncias. "Yo detecto que no se ha captado suficientemente bien qué tipos de conductas son denunciables por este canal y qué tipo de conflictos personales no deben ir por esta vía", explica Fabregat; y atribuye esta confusión a la existencia, también, de lagunas en la redacción de la norma. "Yo entiendo que el buzón debe servir para denunciar incumplimientos de las normas; por ejemplo, de control de horarios o de medidas de seguridad y salud, pero no para una denuncia de un conflicto particular de una mala relación con un jefe o de acoso. Eso ya tiene su propio canal", apunta esta experta, que reconoce que "al mismo tiempo, la norma dice que las empresas deben unificar los diferentes canales, y esto es un ejemplo de confusión y de inseguridad jurídica".

En Brico Dépôt, cadena de tiendas de bricolaje y materiales de construcción que tiene una de sus superficies comerciales en Parque Astur, en Corvera, han resuelto este tipo de puntos ciegos definiendo un protocolo interno muy riguroso que siguen en cada una de las denuncias que llegan.

Organización

Brico Dépôt, que tiene detrás al grupo británico cotizado Kingfisher, lleva diez años con este buzón en marcha, mediante una plataforma operada de forma externa. Consideran que el balance es positivo, aunque reconocen que hay trabajadores confusos que remiten allí quejas que no tocan. En todo caso, el director de Recursos Humanos de la compañía, Joan Carles Fernández, tiene clara la principal conclusión: "Para que todo esto funcione tiene que haber un ecosistema detrás. Si montas una plataforma y la dejas allí para que la gente diga lo que quiera, no funciona: nosotros tenemos toda una organización montada para que esto marche".

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