Justicia a medida

García Castellón accedió a la carrera judicial en 1982, ocupando el puesto 37 de los 45 que se presentaron. Como titular del juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, atendiendo denuncias de su hermano, militante del Opus y presidente de Provida, ordenó el registro de una clínica abortista y juicio oral contra el personal médico por practicar presuntamente abortos ilegales. En 1992 llegó a la Audiencia Nacional, negándose a investigar a responsables de las dictaduras argentina y chilena, y tuvo una polémica instrucción del atentado fallido contra Aznar. En el 2000 fue nombrado por el propio Aznar, Magistrado de enlace en Francia y en 2012, Rajoy lo trasladó a la embajada española en Roma para ejercer de enlace con los jueces del país, dos puestos cómodos y bien remunerados.

En una conversación grabada por la Guardia Civil, Eduardo Zaplana e Ignacio González, investigados por el "caso Lezo", hablan de apartar al juez titular y traer en su lugar a García Castellón que les ayudaría en la causa. García Castellón vuelve y se hace cargo del juzgado que llevaba los "casos Púnica", "Lezo" y "Acuamed" contra el PP. Rebajó la fianza del hermano de Ignacio González de cuatro millones a doscientos mil euros, y a Ignacio, en prisión sin fianza, le fijó una de cuatrocientos mil, lo que permitió a ambos abandonar la cárcel.

Archivó la investigación sobre el rey emérito que investigó la fiscalía suiza y también la causa contra el presidente de la Región de Murcia por dos veces, rechazó investigar los vínculos entre Villarejo y Eduardo Inda. No imputó cargos a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o María Dolores de Cospedal pese a los más que claros indicios. Archivó la pieza separada 10 del caso Púnica, en la que había casi 40 cargos del PP investigados por los contratos a una misma empresa de reputación online aún reconociendo que se pagaron con dinero público.

Se cebó contra Podemos, abriendo investigaciones prospectivas, prohibidas en nuestra legislación, que mantuvieron al Partido bajo sospecha durante años, archivando por agotamiento más de veinte causas cuando ya no daban mas de si.

Cuando se comienza a hablar de la amnistía, desempolva el caso e imputa a Puigdemont y otros cargos por terrorismo y a medida que la ley avanza, amplia cargos en un claro intento de torpedearla. Otro juez le sigue la corriente y habla ya de alta traición por unas reuniones de hace cinco años.

Teresa Rivera, denuncia que el juez Castellón tiene "cierta querencia a pronunciarse en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno" y su propio gobierno la desmiente. González Pons dice del Tribunal Constitucional que es el cáncer del derecho porque está contaminado políticamente, y que en estas condiciones, a nadie le sorprenda que el PP decida no recurrir nada más, hasta que venga un nuevo tribunal, y su partido le premia con la candidatura a las europeas.

Secuestran el poder judicial, amenazan al Constitucional y nombran jueces afines que abren o amplían causas a su medida, pero los inconstitucionales y anti sistema son los otros.

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