"Nos preocupa la mala ejecución de los contratos en el Ayuntamiento de Oviedo"

La concejala de Vox Oviedo encargada de asuntos económicos y presupuestarios, Elena Figaredo, analiza los problemas en trazo grueso de las cuentas municipales, con especial incidencia en la mala ejecución de los contratos que formaliza el Ayuntamiento así como la pasividad a la hora de reclamar actuaciones al Gobierno del Principado de Asturias.

–A falta de conocer los detalles, ¿qué opina del modelo presupuestario de Oviedo?

–El presupuesto del Ayuntamiento de Oviedo ha incrementado en 10 millones el gasto corriente en bienes y servicios desde 2012, descontando los efectos del IPC del 24.9%, siendo todo este gasto financiado externamente por subvención. El Ayuntamiento ha establecido una serie de programas que no financia autónomamente, y que por tanto no son sostenibles; al final somos una administración dependiente, no responsable de nuestras políticas. Pero la solución no es incrementar impuestos, como propondrían las izquierdas.

–¿Qué medidas implementaría Vox Oviedo para lograr mayor sostenibilidad?

–El Grupo Municipal Vox estima que hay que llevar a cabo un análisis pormenorizado del gasto público. En primer lugar, hay que analizar qué servicios se prestan y qué calidad tienen así como sus beneficiarios, sus objetivos, sus costes directos e indirectos, etc., para así determinar su valía. La valía de un programa de gasto determinaría su inclusión en los presupuestos municipales o no.

–¿Cree que eso sería suficiente?

–No, paralelamente también habría que poner en valor la figura obligatoria legalmente de los responsables de los contratos, para que se fiscalice la correcta ejecución de los mismos en los términos contenidos en los pliegos y conforme a las ofertas presentadas como mejoras. Al Grupo Municipal Vox Oviedo nos preocupa muchísimo la mala ejecución de los contratos, porque consideramos que deja la puerta abierta a perdidas de dinero y a posibles corruptelas.

–¿Puede poner algún ejemplo?

–Notorias son algunas deficiencias como las del contrato de limpieza viaria en cuanto al desbroce de cunetas, pero otras no son notorias y todas ellas habría que eliminarlas. Todas estas medidas llevarían a lograr un uso más eficiente y económico del gasto público, que no olvidemos somos todos. Además, y no por ello menos importante, hay que acabar con el gasto político superfluo.

–¿Qué papel juega el Principado en la financiación municipal?

–La comunidad autónoma suele transferir a los Ayuntamientos la gestión de sus competencias a cambio de subvenciones que en la mayor parte de los casos no cubren los gastos que se generan y dejan a trabajadores como indefinidos cuando se extinguen. Son un dulce envenenado porque restan autonomía a los municipios, entendida la autonomía como el desempeño autorresponsable de competencias públicas territoriales. Por otro lado, y para aquellos casos deficitarios de servicios públicos a los que la capacidad municipal no llega, debería requerirse su prestación en este caso al Principado. Las comunidades autónomas uniprovinciales como Asturias asumen las funciones de las diputaciones provinciales, es decir, tienen que asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio del Principado de Asturias de los servicios de competencia municipal. Ante esto, Vox Oviedo no se explica por qué el Ayuntamiento no ha exigido al Principado la realización de las obras de saneamiento tan necesarias en algunas parroquias del municipio, o la adecuación de carreteras, entre otros.

–¿Cuáles cree que son los motivos para no exigirlo?

–No lo exige porque hay establecido un ‘status quo’ en el que todo el mundo está muy cómodo. Todos nos acordaremos de los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipales que tantas infraestructuras permitieron construir, con criterios objetivos de necesidad, pero que se han transformado en un fondo de cooperación local para pagar gasto corriente. Nos movemos en horizontes cortoplacistas que llevan a la improvisación, y en una administración pública no se puede improvisar porque la improvisación conduce a la ineficacia, a la ineficiencia y a lo antieconómico. Y eso lo pagamos todos.