Oviedo, J. A. A.
«Tenemos que tomar medidas excepcionales ante momentos excepcionales». La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, resumió en esas palabras la defensa de la ley de medidas urgentes en materia de personal, y presupuestarias, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria. Si los sindicatos, a excepción de UGT que no asistió, coincidieron el lunes en la crítica al plan del Gobierno regional para cumplir la ley de Estabilidad Presupuestaria y el déficit, ayer le tocó al Gobierno justificar la adopción de medidas que afectan especialmente a los empleados públicos.
Los consejeros del Gobierno coincidieron en que el conjunto de medidas, que incluye desde la supresión de la paga extra de Navidad a la supresión de los programas extraordinarios para los médicos de más de 55 años y el despido de personal interino, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.
La portavoz del PP, Emma Ramos, cargó contra alguna de las medidas del PSOE como, por ejemplo, la prohibición de que los funcionarios puedan alargar su actividad más allá de los 65 años. La diputada forista Teresa Alonso criticó la falta de diálogo en el conflicto de la sanidad y acusó al Gobierno de discriminar a los funcionarios que dejarán de cobrar el plus de alto cargo. Ángel González, de IU, se desmarcó de ajustes que calificó como «una fotocopia ampliada» de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, y el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, anunció que presentará enmiendas para mejorar el texto final de la ley. El portavoz socialista, José María Pérez, reprochó la «irracionalidad» de los partidos que critican aquí lo que aprueban en el ámbito nacional, en alusión al PP y Foro.
