Mieres / Langreo, M. Á. G.

Coto Minero Cantábrico, sociedad perteneciente al grupo de empresas de Victorino Alonso, aseguró ayer que ya ha «subsanado las carencias» detectadas por la Unión Europea en sus explotaciones a cielo abierto de la zona de Laciana y que es la Junta de Castilla y León quien debe tramitar ahora el plan de desarrollo y los nuevos estudios de impacto ambiental, con el objeto de adaptarlos a las «exigencias ambientales» que marca Bruselas.

La compañía minera valoraba así la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que condena a España por autorizar la explotación de yacimientos en la zona del Alto Sil -catalogada como lugar de interés comunitario (LIC) y zona de especial protección para las aves (ZEPA)- sin evaluar su impacto medioambiental y sin tener en cuenta las repercusiones sobre las poblaciones de especies amenazadas como el urogallo o el oso pardo cantábrico.

Fuentes de Coto Minero Cantábrico explicaron que las cortas afectadas no están en zonas protegidas, pero sí en sus proximidades por lo que ha habido que incorporar «medidas compensatorias y paliativas» que en un primer momento no se habían planificado. Muchas de ellas están vinculadas al impacto acústico: «Se trata de mitigar el ruido en zonas de paso de osos o cerca de los cantaderos de urogallos. Así, en determinadas épocas del año, habría que rebajar la intensidad de la actividad o incluso paralizarla».

Los representantes de la empresa del grupo Alonso indicaron, asimismo, que la modificaciones ya han sido remitidas a la Junta, que es el organismo que debe tramitar el plan de explotación para obtener el «parabién de Bruselas». «La sentencia del Tribunal de la UE no conlleva una condena como tal, es un toque de atención. Nosotros explotábamos estas minas antes de que la zona estuviera protegida, pero queremos adaptarnos a las exigencias actuales y hacer las cosas bien».

Por otro lado, el consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Castilla y León, Tomás Villanueva, reconoció ayer que la resolución europea, en algunas de sus conclusiones, «podría complicar la actividad económica en León». El Ejecutivo autonómico también resaltó, pese a respetar el fallo, que se cumplió con la protección del oso y el urogallo.