Alicante / Valencia / Madrid
El ex presidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, y el ex director del negocio inmobiliario de la entidad financiera alicantina, Daniel Gil, que se prejubiló en 2008, han sido implicados por la Fiscalía Anticorrupción, junto a dos directores generales adjuntos de la caja valenciana Bancaja, en la supuesta trama corrupta del llamado «caso Brugal».
Esta trama estaba supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz. El caso afecta a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a Castedo y a su antecesor supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, con el que habrían beneficiado al presidente del Hércules a cambio supuestamente de regalos, como viajes de recreo y otros.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, Sala habría participado en compras de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.
Entre otros ejemplos se cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina. Sala está vinculado por su actividad empresarial al negocio inmobiliario.
La misma acusación que sobre Sala recae sobre Daniel Gil, a quien se le atribuyen operaciones urbanísticas similares que aquellas con la que se relaciona al ex presidente de la caja alicantina.
