La comisión encargada por el Gobierno conservador de elaborar un borrador para la reforma del sistema de pensiones acaba de entregar su propuesta definitiva. Como no podía ser de otro modo, dada su sesgada composición, integrada en su mayoría por los que Rajoy denomina «expertos», pero que, en realidad, no son sino tecnócratas vinculados a la banca, las compañías aseguradoras y de gestión de fondos de pensiones, el contenido de su informe propone, bajo la coartada de la necesidad «imperiosa» de la sostenibilididad del sistema, un profundo recorte de las pensiones actuales y futuras. No es casualidad que tal informe haya sido aprobado por la mayoría de los componentes de la comisión y solamente hayan votado en contra, se hayan abstenido o votado con reservas los tres únicos miembros independientes de esos intereses. (Incluso, el representante de CC OO ha votado a favor del informe, aunque con reservas. ¡Venga Marx y lo vea!). Encargar y pedir objetividad a una comisión tan vinculada a los intereses que están en contra del sistema público de pensiones es algo así como poner a la zorra (sin perdón) al cuidado del gallinero y pretender que no termine por esquilmarlo.
Se llega, incluso, a proponer en este borrador definitivo como una de las alternativas a un sistema de pensiones a la baja que recomienda desligar su revalorización del IPC, vincular su cuantía a la situación de las cuentas públicas y a la esperanza de vida, la necesidad o conveniencia de complementar la pensión pública con el recurso a los fondos de pensiones y planes jubilación como elementos compensadores de un sistema insuficiente: esto es, el inicio del proceso de privatización del sistema. Como si para la mayoría de los futuros pensionistas con los salarios devaluados por los drásticos recortes y las consecuencias de la reforma laboral esto fuese posible. Como imposible sería también para los ya jubilados que pagaron con sus cotizaciones pasadas lo que están hoy recibiendo y que de ningún modo puede considerarse como una prestación gratuita del Estado. Y hasta en el colmo de la desfachatez, la referencia a unas condiciones más comedidas y unas condiciones justas y objetivas para concedérselas sin ningún privilegio a nuestros políticos desaparece de este último borrador, sustituida con una frase de cortesía que apela al sentido de la justicia de nuestros tribunos para que éstos procedan a establecer las normas para su autoconcesión como si la experiencia que tenemos sobre la conducta de «aves de rapiña» que viene demostrando una parte (no minoritaria) de ellos permitiese confiar en una justa autorregulación por su parte.
Lo cierto es que, con la justificación de la imposición de Bruselas, el Gobierno del PP trata de hacer realidad una reforma del sistema público de pensiones que no incluía el programa explícito con que concurrió a las elecciones. Pero que es fácil deducir que sí responde al programa oculto plenamente neoliberal que el partido conservador está tratando de implantar en nuestro país. De consumarse esta propuesta de reforma del sistema público de pensiones, estaríamos, tanto ante una mentira más de Rajoy y su gobierno, como de un fraude electoral -como ha ocurrido con otras muchas de sus reformas- que entra en contradicción flagrante con la letra y el espíritu de la Constitución.
Que esto es así, esto es que el texto aprobado responde a los intereses de la banca y las compañías aseguradoras, lo demuestra que esta propuesta sobre las pensiones es muy similar a la que ya se venía proponiendo y divulgando desde FEDEA, que es la fundación de estudios económicos patrocinada por los mayores bancos, cajas de ahorro y grandes empresas de España. Desde hace ya algunos años sus «expertos» vienen tratando de convencer a la opinión pública a base de repetir machaconamente en informes y medios de comunicación (como precisamente están haciendo ahora en este momento) el mantra de la inviabilidad de ese sistema público de pensiones como consecuencia del envejecimiento progresivo de la población. Población envejecida que duplicará en unas décadas el gasto en pensiones (del 8% actual al 15% del PIB en 2050). Pero que, en realidad, es un gasto que, además de estar por debajo de la media del de la Unión Europea, es, como demuestran economías como la italiana, perfectamente asumible por la economía española. Además de que tales «expertos», los de FEDEA y los que han elaborado este sesgado informe, olvidan un factor como es el de los posibles previsibles y posibles de la productividad que puede permitir eliminar el posible desequilibrio entre trabajadores y dependientes. Les recomiendo la lectura del clarificador libro de Vicenç Navarro y Juan Torres, «Lo que debes saber para que no te roben la pensión» (Espasa, 2013), en el que, en «en román paladino», se echan abajo todas manipulaciones y tergiversaciones de ese discurso que se pretende objetivo y realista, del «sentido común» rajoiniano, pero que no es sino el encubridor de aquellos que lo que realmente quieren es privatizar el sistema público de pensiones.
Si el Gobierno de manera precipitada, casi con nocturnidad y alevosía, en medio de una reforma en marcha de las pensiones, y sí se sabe bien por qué, pretende llevar a cabo esta reforma privatizadora del sistema público de pensiones que supondrá, de hacerse realidad, el empobrecimiento de los presentes y futuros pensionistas, así como una vuelta de tuerca más en el camino de la desigualdad que está imponiendo la política neoliberal de este Gobierno, que los nueve millones de votantes pensionistas lo tengan en cuenta y se lo demanden por sus promesas incumplidas a la hora votar en las próximas elecciones generales.
