Desconcierto urbanístico

Nadie se esperaba en Llanes que hubiese novedades respecto a la posible anulación del actual Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) de 2003 en el Tribunal Supremo antes de la próxima primavera. Pero el pasado lunes el Partido Popular desveló que la sala a la que compete el estudio de los recursos presentados contra la anulación del plan, decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se reunirá el próximo día 21. Tal vez el fallo no se produzca ese mismo día, pero la incertidumbre sobre el futuro urbanístico del concejo ha recobrado protagonismo y desde diversos sectores y asociaciones locales se plantean más dudas que respuestas.

Según la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), lo más preocupante del momento ha sido la «ocultación» de la fecha en la que se reunirá el Supremo a la opinión pública y cuya salida a la luz ha supuesto la ruptura del consenso entre PP y PSOE. «Ha sido una actitud de gobernantes sin capacidad alguna para el ejercicio de la política, sustituida por un alto grado de perversidad», protestó la secretaria del colectivo, María José Rodríguez, quien señaló que, al menos, «podrían guardar la compostura y esperar al fallo antes de aprobar nada», en referencia a diversos documentos relacionados con la tramitación del futuro PGO que debatirá hoy el pleno municipal. Rodríguez recordó también que ya en la ronda de contactos del pasado mes de febrero Avall advirtió que tanto la denuncia de la adjudicación de la redacción del futuro planeamiento como el proceso abierto en el Supremo sobre el actual podían caer en cualquier momento.

También se refirió a los procesos judiciales el representante local de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, Borja Llorente, para quien la situación «es mucho más grave que en anteriores anulaciones». Llorente consideró que los trámites para redactar un nuevo PGO son la misma «huida hacia adelante» de los últimos 25 años y sugirió a los gobernantes llaniscos que no «aprueben de antemano nada hasta que no se conozca la sentencia» del Supremo.

Los dirigentes de la Asociación de Vecinos de Celoriu «La Hoguera» se preguntan qué pasará, si el Supremo anula el Plan de 2003, con construcciones como la de 94 viviendas denunciadas en esa localidad. «Hemos llegado a una situación muy triste que hace que esto parezca una ciudad sin ley», lamentó el presidente del colectivo, Alberto Álvarez, a la vez que comentó que «si se hiciesen las cosas honradamente no estaríamos así».

El secretario de la Asociación de Vecinos «Llames de Pría», César Alonso, mostró su convencimiento de que si la sentencia ratifica la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias «habrá que mirar a lo que había antes de 1986 (los dos anteriores planeamientos también han sido anulados por los tribunales de justicia) y la cosa tendrá muy mala solución». El colectivo al que representa hizo sugerencias al Documento de Prioridades del PGO, pero nunca recibió respuesta. «Desde aquella reunión de febrero no nos han vuelto a llamar para nada», aseguró, en referencia a que la intención de que el proceso fuese lo más participativo posible se quedó en el papel.

Los empresarios de la construcción, representados por Aníbal Purón, se mostraron «sorprendidos» por la cercanía de la reunión del Supremo. «Esperábamos que fuese para largo pero ahí está y habrá que acatarlo», afirmó. Purón expresó que confían en que la sentencia «por lo menos no respalde en su totalidad» lo dictado por el TSJA. Una cosa que tienen clara es que el «único camino» que existe en la actualidad es continuar con la redacción del futuro Plan (afectado también por una sentencia judicial que anuló la adjudicación de su redacción). Los constructores esperan que el futuro plan se apruebe a la «mayor brevedad y con la mayor seguridad jurídica posible».