Hasta veinte personas están implicadas en la investigación abierta por diversos delitos respecto al grupo Natural Mining Resources 1926 (NMR), que fue el principal operador de carbones de El Musel en 2020 y patrocinadora del Real Oviedo hasta 2021 y que actualmente explota la mina de antracita de Pilotuerto (Tineo) y una cantera de arcilla en La Espina (Salas). El murciano Antonio José B. S. y el asturiano David R. M. fueron detenidos coincidiendo con la entrada y registro -adelantada por LA NUEVA ESPAÑA- ordenada por el juzgado que lleva la causa, el de instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, en dos viviendas de esta localidad, propiedad de Antonio José, así como en una planta de oficinas, en la misma ciudad madrileña. Las entradas y registros tuvieron también lugar en la mina Pilotuerto (Tineo), en el domicilio de David Rodríguez en Cangas del Narcea y en un domicilio de la calle Uría de Oviedo. La operación corrió a cargo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), en colaboración con guardias de la Comandancia de Oviedo.

Coincidiendo con las entradas y registros fueron detenidas también las esposas de ambos, de forma preventiva durante esa jornada, como suele ser habitual en estos casos para asegurarse su presencia junto con la oficina judicial. Los agentes de la Guardia Civil las pusieron en libertad al término de esta diligencia sin pasar a disposición judicial. La esposa de Antonio B, S., Bianca de V. B., figura como administradora en varias empresas del murciano.

Los dos detenidos pasaron a disposición judicial después de su detención. Fueron puestos en libertad, investigados por los delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y estafa agravada. La jueza estableció las medidas cautelares de prohibición de salir del territorio nacional hasta que concluya la causa, presentación en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, además de la retirada del pasaporte. Como consecuencia de las entradas y registros, los delitos por los que se les investiga a ambos se ampliaron este lunes a los de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Además, el juzgado embargó las cuentas de ambos investigados y las propiedades a la espera de la más que posible responsabilidad civil del procedimiento y en evitación de un posible alzamiento de bienes.