Perdonar la deuda autonómica penalizaría a las regiones austeras como Asturias

La retórica de los primeros contactos políticos entre los socialistas y el independentismo para una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha saltado en los últimos días de las musas de la autodeterminación catalana y la amnistía para los implicados en el "procés" al teatro del dinero de las autonomías. ERC y Junts exigen lo que llaman "el fin del déficit fiscal" de Cataluña (reformar el sistema de financiación para elevar los recursos que recibe la Generalitat) y la condonación paralela de la deuda contraída a través de los mecanismos extraordinarios de apoyo con los que el Estado ha auxiliado a las regiones desde 2012. El PSC, marca federada con el PSOE, defiende esa vía, y la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero, ha expresado disposición a negociar. Un acuerdo de esa naturaleza, que se extendería a otros territorios, premiaría a las comunidades más endeudadas –sea porque están efectivamente infrafinanciadas o por un uso ineficiente de los recursos– y penalizaría a aquellas otras más austeras, entre ellas Asturias.

En términos nominales, la catalana es la autonomía con mayor deuda pública. Sus débitos ascendían a fines de marzo pasado –último dato disponible del Banco de España– a 85.456 millones de euros, equivalentes al 33% del producto interior bruto (PIB) regional. Y casi nueve de cada diez euros de tal endeudamiento (87,6%) es con el Estado: 71,852 millones de las devoluciones pendientes del dinero recibido de los sucesivos instrumentos de excepción con los que España ha reforzado las finanzas de las autonomías. Hasta el punto de que varias de ellas (particularmente, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y, en menor medida, Castilla-La Mancha) han sobrevivido enchufadas al respirador del Ministerio de Hacienda.

Catalanes, valencianos y murcianos esgrimen idéntica explicación para sus elevados niveles de deuda y para la aludida dependencia del Estado: estar penalizados por el modelo vigente de financiación autonómica de régimen común. Los números y los expertos dicen que ese alegato de infrafinanciación tiene fundamentos diáfanos en la Comunidad Valenciana y en Murcia, donde el indicador de recursos por habitante (ajustado conforme a los criterios del sistema para el año 2020) es del 93% y del 92% de la media, respectivamente. Según recoge la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la Comunidad Valenciana ha tenido además un comportamiento contenido en el gasto no financiero (personal, compras, inversión...), con un crecimiento del 25% entre 2003 y 2022. El promedio de las regiones de régimen común es del 30%. Asturias lo supera en dos puntos (32%) y Cataluña en dieciocho (48%), siendo la región de ese grupo con una evolución más expansiva.

La infrafinnaciación de Cataluña no genera las mismas unanimidades. Las cuentas de Fedea, elaboradas a partir de las liquidaciones oficiales del sistema, determinan que los recursos recibidos por habitante han sido en Cataluña desde 2009 (año de la última reforma, respaldada por la Generalitat) cercanos a la media (99%) entre 2010 y 2012 y en 2015, inferior en 2013 y 2014 (97%-98%) y superior a partir de 2016.

En ese mismo período, la financiación recibida por Asturias ha sido mayor, aunque menguante en términos relativos: desde superar el promedio en siete puntos (107%) en 2010 hasta rebasarlo en poco en 2019 (100,6%) y repuntar en 2020 (103,5%). En este último año, la ventaja sobre Cataluña (101,9%) fue de 1,6 puntos. Y si se añade el ahorro obtenido gracias a las medidas de rescate financiero, la financiación catalana (103,2%) es mayor que la asturiana (102%), estima también Fedea.

Los argumentos sobre infrafinanciación buscan cimiento en otras cuentas que hace la Generalitat: Cataluña es la tercera autonomía que más aporta en impuestos al sistema y la penúltima en recursos recibidos conforme a una metodología de cálculo que aplica el criterio de paridad de poder de compra (considerando el comportamiento de la inflación en cada autonomía).

¿Bastaría eso para explicar que Cataluña haya acumulado una deuda con el Estado (71.852 millones) 83,7 veces mayor que la de Asturias (858 millones, 20% del total de su endeudamiento)? La demografía no añade justificación: los catalanes multiplican por ocho a los asturianos. Estos últimos, en caso de amnistía financiera (condonación) total o parcial de los débitos con el Estado, estarían, junto a madrileños, castellano-leoneses y gallegos entre los menos favorecidos.

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