Salud alerta de la explosión de enfermedades mentales en Asturias, sobre todo en jóvenes

El Plan de Salud Mental del Principado 2023-2030, que tendría que haberse llamado 2021-2025, no ha podido tramitarse “tan rápido como nos habría gustado”. El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha dejado este lunes en la Junta esa asunción de una demora que achaca, como tantas, a la pandemia y que acompaña con la garantía de que el Consejo de Gobierno aprobará el documento “en poco tiempo”, antes de salir de este mes, para que su tramitación parlamentaria engrose el trabajo que a la cámara le va a quedar pendiente para la próxima legislatura. Fernández quiso aclarar que el desfase temporal es únicamente administrativo y que “la operativa del plan” no se retrasa, sino que sigue adelante en la práctica gracias a un presupuesto que asigna este año 83 millones de euros en este ejercicio. Era su última comparecencia en comisión de la legislatura y el Consejero se esforzó en la defensa de un programa que en el terreno de los muy demandados recursos humanos prevé “38 psicólogos y 27 psiquiatras más” para llegar, respectivamente a 137 y 150 al final de esta década.

No escondieron los comparecientes la inquietud por el agravamiento del impacto creciente que estas patologías han experimentado desde la pandemia. La gerente del Servicio de Salud del Principado (SESPA), Conchita Saavedra, que compartió la sesión con Fernández y con la directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, cifró en más de mil el incremento que ha experimentado desde 2021 el número de pacientes atendidos por los diez psicólogos clínicos que prestan servicio en los centros de atención primaria, de 2.998 a 4.070, un 35 por ciento, y anunció que “este año habrá cinco nuevos profesionales” en los centros de salud. Es su contribución, detalló, a la tarea de “desmedicalizar” estas patologías  y a la constancia más concreta de que “no se debe medicalizar las situaciones normales de la vida”. Metida en datos, y profundizando en la prevalencia de los problemas de salud mental entre los jóvenes, Saavedra alertó también de que “tenemos a un 6,75 por ciento de la población infantojuvenil atendida en los servicios de salud mental” e inscribió en la necesidad de atajar el problema la implantación del primer hospital de día para jóvenes con trastornos psiquiátricos en el centro de salud de La Ería, en Oviedo, y su réplica anunciada en Gijón, así como la reciente promesa de duplicación de las cinco únicas camas con las que cuenta la unidad de psiquiatría juvenil en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Pero como el plan “apuesta por no poner toda la carne en el asador de la asistencia”, la directora general de Salud Pública acotó el enfoque desde la certeza de que “los servicios sanitarios son fundamentales para atención de los problemas de salud mental, pero la sociedad entera debe actuar en favor del bienestar emocional, la protección de la salud y la prevención de la enfermedad”. Habló por ejemplo de la creación de una “agencia única del suicidio en Asturias”, que ya está en funcionamiento en los centros educativos, con acciones formativas y preventivas, mientras el Consejero volvía a destacar la delantera que tiene tomada Asturias en la formación de profesionales de la salud mental especializados en la población infantil y juvenil. El Principado es uno de los lugares, subrayó Fernández,  donde ya había “profesionales de referencia” merced a la acreditación provisional concedida a Asturias cuando en el conjunto del país se aprobó la especialidad de psiquiatría infantojuvenil.

Después de que la oposición concentrase su postura en la necesidad unánime de un incremento en los profesionales de salud mental en la región, y en el caso de Podemos una aproximación a la aproximación de las plantillas para el cuidado de la salud mental “hasta la media europea de 20 psicólogos por 100.000 habitantes”, Pablo Fernández quiso hacer ver “los refuerzos” acometidos durante la legislatura. Según los datos que dejó en la Junta, el número de psicólogos ha crecido en un 44 por ciento, de 68 a 98, los psiquiatras han pasado de 114 a 119 y los terapeutas ocupacionales, de 36 a 43. 

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