Del Socorro Rojo al FUSOA

Tras cuatro obras en su haber, Carlos Barros se ha convertido en un autor dramático con un estilo propio, recreando situaciones y personajes reales que forman parte de su paisaje vital y que los habitantes de estas cuencas mineras también reconocemos rápidamente como algo nuestro; pero la escritura teatral requiere de un proceso previo de documentación que en su caso se apoya en los testimonios de quienes vivieron los hechos reales para adaptarlos después al formato escénico. En esa búsqueda, Carlos no podía dejar pasar la respuesta que dio su madre a uno de sus sobrinos cuando este le preguntó si había recibido alguna ayuda del Socorro Rojo en el llamado "añu de la fame", 1941: mi madre hizo una mueca de desagrado y contestó : "Nunca, jamás en la vida, y eso que sabíen que acababen de matar a tu güelu".

Nuestro autor hizo pública esta conversación hace unos días completándola con un comentario sobre la extendida leyenda negra que acompaña a menudo a esta organización con la sospecha de que gran parte de este dinero nunca llegó a los destinarios porque se quedaba en manos de quienes debían repartirlo entre las familias de sus camaradas presos, mutilados, caídos en combate o fusilados. Al mismo tiempo, Carlos me emplazó a aportar un poco de luz sobre la eterna duda desde una de estas historias.

Entonces empeñé la palabra con mi amigo y ahora voy a intentar cumplirla con los datos de que dispongo.

Primero debo aclarar que ateniéndonos al rigor histórico, el verdadero Socorro Rojo Internacional tuvo una vida breve y respondió a la intención de la Komintern rusa de articular una red de ayuda para todos los revolucionarios que fuesen represaliados como consecuencia de su compromiso con la lucha obrera. En teoría, los beneficiados no tenían por qué estar afiliados a ninguna organización, pero en España el primer impulso surgió entre 1923 y 1926 del recién nacido Partido Comunista, aunque la primera dirección nacional no se pudo formalizar hasta 1929.

En lo que se refiere a Asturias, el historiador Francisco Erice hace coincidir la constitución de su Comité Provincial con la constitución de la Federación Local de Sindicatos Únicos en 1931; sin embargo, la profesora Laura Branciforte, quien está considerada como la mejor especialista en este asunto, adelanta este hecho al mes de abril de 1927 e incluso apunta que entonces ya existían las secciones de Mieres con 40 afiliados, la de Moreda con otros 40 y la de Oviedo con 15.

De cualquier forma, el Socorro Rojo se hizo fuerte tras la revolución de octubre de 1934 sumando 1.000 cotizantes y unos 200 militantes activos en las secciones locales de Oviedo, Gijón, Mieres, Turón, Langreo y Trubia que se encargaban de reunir recursos en cajas de resistencia para aportar servicios de defensa judicial y llevar a las familias de los caídos en combate y a los presos dinero, ropa, comida y hasta juguetes para sus hijos.

Después, durante la guerra civil sus servicios fueron indispensables en la retaguardia republicana para organizar campañas de alimentación, apoyo a la cultura y prevención sanitaria, llegando a disponer de ambulancias y hospitales propios. Pero lo cierto es que las actividades del Socorro Rojo siempre estuvieron marcadas por la sombra de que en el último eslabón de la cadena nunca faltaban aquellos que se aprovechaban de la buena fe de los solidarios quedándose en beneficio propio lo que debían entregar a otros camaradas.

En realidad, estos fraudes tuvieron que ser muy difíciles de detectar en los periodos de clandestinidad, cuando los responsables de los repartos eran los mismos que asumían la función de informar a sus superiores en la cadena sobre él éxito de sus operaciones y por esta misma circunstancia ahora es imposible conocer hasta qué punto estuvo extendida esta picaresca y dónde se produjeron estas estafas, que siempre debieron de ser aisladas.

Al mismo tiempo, hay que decir que en algún caso también se produjeron acusaciones al conjunto de la organización, como sucedió en septiembre de 1935. Entonces, cinco de los presos por la insurrección de Asturias, entre los que se encontraba el anarquista Fernando Solano Palacio, hicieron público en "La Revista Blanca" que desde el inicio del encarcelamiento en la cárcel de Mieres solo se habían repartido de una vez 1500 pesetas, correspondiendo 5,60 a cada preso; mientras en la de Oviedo se habían realizado tres entregas: una para los detenidos socialistas a razón de 2,50 por cada preso, otra de 2,00 pesetas y la última de 2,50 por cada individuo.

Según sus cálculos, como entre las dos prisiones se contaban unos mil cien presos, el total sería de siete mil a ocho mil pesetas y esto no cuadraba con la información que había dado "La Defensa" (órgano del Socorro Rojo Internacional) en el mes de agosto, donde se decía que habían entrado en España 849.058,15 pesetas para repartir entre los presos y sus familias; por lo tanto, era evidente que solo una mínima parte llegaba a sus destinatarios.

Tras el triunfo del franquismo el Socorro Rojo no pudo superar la persecución policial y después de sufrir varias redadas sus responsables lo disolvieron en 1942. A partir de aquí las ayudas fueron esporádicas y el poco dinero que procedía del exterior fue destinado a la reconstrucción de los partidos y sindicatos en la clandestinidad, hasta que en la década de 1960 empezaron los contactos para crear en Asturias una nueva estructura unitaria encargada de coordinar la recaudación y el reparto de ayudas económicas entre los huelguistas, los presos y los despedidos en los conflictos laborales.

Sin embargo, el proceso no fue fácil e inicialmente funcionaron dos plataformas con el mismo fin: el Fondo Común de Solidaridad Obrera (conocido también como Comité de Solidaridad), que integraba a socialistas, anarquistas, obreros católicos y otros pequeños colectivos, y la Comisión de Solidaridad de Asturias impulsada por el Partido Comunista y Comisiones Obreras.

Por fin, ambos grupos se unieron en enero 1972 en el Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias (FUSOA), que se mantuvo hasta que en diciembre de 1976 el crecimiento de los comunistas les permitió disponer de suficientes fondos para proteger a los suyos en solitario y decidieron liquidar la plataforma unitaria. Finalmente, en 1998 el FUSOA fue refundado con menor capacidad de acción por otros grupos minoritarios.

Antes de que falleciese en octubre de 2023, con 103 años de edad cumplidos, pude resumir en la revista republicana "Tiempo de cerezas" la biografía de Amelia Álvarez Díaz, natural de Tolivia, que fue un referente del Socorro Rojo en el Alto Nalón.

Según su testimonio, en la Montaña Central la ayuda echó a andar en 1935 con comisiones mayoritariamente femeninas que recaudaban de puerta en puerta fondos y toda clase de materiales para entregarlos después en las cárceles y en las casas de las familias de los presos. Ya durante la guerra aquellas jóvenes se centraron en ayudar a los combatientes de su zona desde una oficina de San Pedro de Villoria, a siete kilómetros de Pola de Laviana, donde se almacenaban alimentos y las vecinas se juntaban a coser vendajes para el frente fabricados con sabanas viejas.

Es lógico suponer que en ese momento no había ni interés ni posibilidad entre aquellas jóvenes voluntarias para cometer ningún fraude con lo recogido y me consta que en el FUSOA los casos de estafa también fueron excepcionales porque el control mutuo entre los diferentes grupos que lo integraban era muy estricto. En este sentido, guardo en casa una hoja de control fechada en agosto de 1976 en la que se específica al céntimo en dos columnas lo recaudado en minas, talleres, aportaciones individuales y las ayudas exteriores –incluidas 44.970 pesetas llegadas desde Suecia-–y también la cantidad recibida por cada beneficiado con su nombre y apellidos.

En este listado llama la atención la distinta implicación de los centros de trabajo. Así mientras en el pozu Barredo se recaudaron aquel mes 24.149 pesetas y en el pozu Sotón 14.150, en mina Figaredo solo fueron 200 y la misma cantidad en Fábrica de Mieres. En cuanto a los receptores, lo más habitual eran las ayudas de 6.500 pesetas a los sancionados y 13.000 a los despedidos, que aumentaban hasta los 21.000 cuando tenían familia a su cargo.

Mucho más difícil es aventurar lo que sucedió con las ayudas que llegaron entre 1942 y 1972, sobre todo en los años de las grandes huelgas de los 60, procedentes de comités de solidaridad del exterior, de los que como he adelantado no se tienen datos exactos. En las cuencas mineras todos hemos oído rumores sobre personas que se beneficiaron entonces en perjuicio de quienes lo estaban pasando mal. Es cierto que la envidia y las malas querencias tuvieron mucho que ver en la difusión de estas noticias, pero la falta de documentos nos impide comprobar la extensión del posible fraude para cerrar con rigor esta cuestión.

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