El despropósito del cementerio de El Entrego

Mañana, lunes, se materializará lo tantas veces manifestado y advertido al Ayuntamiento de San Martín por parte de sus vecinos y de la propiedad del cementerio. Se constatará la desidia y la pasividad de una administración local que no solo no ha dado solución a un servicio que la ley le obliga a prestar, sino que ha pretendido manipular a la comunidad vecinal intentando echarle la culpa del cese de actividad del cementerio a quien no la tiene. Además, comenzará una larga batalla judicial de final incierto que será costeada por todos los vecinos y vecinas de San Martín del Rey Aurelio.

Es mi propósito que un día triste como el de hoy conozcan algunos detalles que no han trascendido o no han sido debidamente explicados. Y para ello quiero comenzar por el final, esto es, con lo manifestado por el señor Alcalde en el último pleno del pasado miércoles, donde anunciaba que iniciaría los trámites de expropiación del cementerio de El Entrego: "Hago un llamamiento, una vez más, a la tranquilidad. Esperamos que esta situación, a la que se nos ha llevado desde la propiedad del cementerio, se solucione a la mayor brevedad". Quédense con estas dos palabras, por lo que luego diré: "tranquilidad" y "brevedad".

Consciente como soy que este asunto toca muchos sentimientos personales, resultaría injusto tildar de malintencionado el desenfoque de algunos vecinos sobre el particular. En cambio, no cabe decir lo mismo de lo manifestado por Ardines en el pleno del miércoles, quien de forma malintencionada tergiversa la realidad con el propósito de confundir a los vecinos cuando manifiesta que "a esta situación nos ha llevado la propiedad del cementerio".

El 10 de octubre de 2022, la propiedad del cementerio presenta un escrito ante el Ayuntamiento (número de registro 16051L) manifestando que, tal y como había anunciado en el mes de noviembre de 2020 (sí, han leído bien, en 2020) y ante la ausencia de acuerdo o decisión municipal sobre la futura gestión del cementerio y en aras de garantizar la continuidad de dicho servicio esencial, insta a la Corporación local a que tome de forma urgente las oportunas medidas. A mayores, el 5 de abril de 2021, la Asociación de Vecinos La Unión había presentado otro escrito (número de registro 1501IB) donde reitera al Ayuntamiento, una vez más, que la ley le obliga a prestar tan esencial servicio, le recuerda la decisión ya comunicada de la propiedad de cesar su actividad y le pide que inicie las actuaciones y trámites oportunos para cumplir con la obligación que el ordenamiento jurídico le impone.

Siendo conocedor de que tanto los vecinos como la propiedad llevan años pidiendo al Ayuntamiento que tome las medidas oportunas para garantizar un servicio al que por ley se encuentra obligado, ¿cómo se puede tener la cara dura de manifestar que "a esta situación nos ha llevado la propiedad"?, ¿cómo se puede tener la desvergüenza de culpar a un tercero cuando uno es el único responsable de este fracaso?

Recuerden: "Tranquilidad y brevedad", las dos palabras mágicas para resolver este asunto. El problema es que Ardines parece confundir la tranquilidad con la desidia y, en cuanto a la brevedad, quizá en Venezuela sea una palabra atribuible a los procedimientos expropiatorios, pero en un país judicialmente serio como España (políticamente ha dejado de serlo), los procesos expropiatorios son largos, complejos y costosos.

Me consta que han sido muchos los intentos de la propiedad por llegar a una solución amistosa y negociada en este asunto. Por otro lado, no alberga duda que es obligación del Ayuntamiento velar por los intereses económicos de los vecinos y en dicha defensa está negar el valor inicialmente solicitado por la propiedad del cementerio si el mismo se considera excesivo. Pero la cosa resultará más difícil de explicar en sede judicial cuando el mismo Ayuntamiento ignora el informe pericial de fecha 26 de julio de 2023 en el que se le otorga al cementerio un valor de 489.284 euros, informe que encarga y paga generosamente (les aseguro que no fue nada barato) el propio Ayuntamiento. Para enredar más la cuestión, también en sede judicial tendrá que explicarse por qué una vez que la propiedad acepta la valoración que hace el Ayuntamiento para comprar el cementerio, el señor Ardines encarga un nuevo informe pericial con claros propósitos devaluatorios bajo el argumento de que los terrenos del camposanto corren un serio peligro de derrumbe, algo que en ningún momento fue detectado o advertido ni por los servicios municipales ni por quienes elaboraron el primer informe encargado y pagado por el Ayuntamiento. Bien está que el señor Alcalde vele por los intereses vecinales, pero ojo con las trilerías cuando de una administración pública se trata, pues los jueces mirarán con lupa todo cuanto obre en el expediente administrativo y el cumplimiento debido de su procedimiento, incluida la doctrina de los "actos propios" que a todo ente público condiciona y obliga.

Además, ¿sinceramente merece la pena gastar del erario público 74.284 euros € (la nueva oferta del Ayuntamiento) por una propiedad que "corre un serio peligro de derrumbe"?, ¿de verdad va a iniciarse un costoso procedimiento de expropiación por algo que la propia Corporación local califica de ruinoso?

La pasada semana, Adrián Barbón visitaba el concejo, entre otras cosas, para ofrecer ayuda económica del Principado y echarle una mano al señor Alcalde para intentar sacarle del lodazal en el que él solito se ha metido. Eso sí, supeditando dicha ayuda a que el cementerio pase a ser de titularidad pública. En dicha visita, el señor Barbón calificó de inaudito querer cerrar un cementerio. Entiendo que tal declaración bebe del desenfoque y la desinformación que le haya transmitido Ardines, dándole una versión interesada y exculpatoria del asunto. Aun así, coincido con el certero adjetivo empleado por el presidente del Principado a la hora de calificar este despropósito, si bien debo hacer un breve matiz: lo verdaderamente inaudito aquí es que un servicio esencial para la comunidad cese por la prepotencia, absoluta despreocupación, desinterés y falta de seriedad de quien debe legalmente garantizarlo, pues en toda esta lamentable historia, el único culpable es aquel que por ley está obligado a preservar un servicio esencial del que a partir de este lunes los vecinos de El Entrego carecen. Pero ustedes tranquilos (Ardines dixit).

Suscríbete para seguir leyendo