La instalación de cámaras en la zona rural se debatirá en mayo al finalizar ya los informes

La tramitación para instalar cámaras de videovigilancia en la zona rural –una reclamación de los vecinos tras la oleada de robos en viviendas que azotó las parroquias el año pasado, especialmente en el mes de noviembre– ha dado un paso hacia adelante con el envío desde el Ayuntamiento de toda la documentación necesaria a la Delegación del Gobierno en Asturias. Se trata de la memoria justificativa de cada uno de los dispositivos que el gobierno local quiere colocar (alrededor de una treintena tanto en la zona rural como en las áreas de ocio nocturno de la ciudad) para que sirvan como medida disuasoria ante nuevos asaltos en casas, así como para facilitar las investigaciones posteriores ante hechos delictivos. Ahora, está previsto que la Comisión de Garantías de Videovigilancia trate el asunto en su reunión de mayo, que, al ser mes electoral se prevé se realice en la primera quincena.

El proceso técnico para llevar a cabo la instalación de las cámaras busca dar respuesta a un compromiso adquirido por gobierno local y Delegación en diciembre del año pasado, después de una junta local de seguridad convocada tras el clamor vecinal por los robos. Entonces, los mandos policiales desvelaron que entre enero y noviembre de 2022 se habían producido 68 denuncias por robos en viviendas dentro del concejo. Se intentó, desde la administración local, tramitar con celeridad el asunto –incluso se llegó a hablar de antes de final de año– pero la necesidad de elaborar una memoria argumentativa retrasó todas las gestiones, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, lo que provocó recelos en los habitantes de la zona rural. Ahora, el Ayuntamiento acaba de remitir toda la documentación a la Delegación de Gobierno, según ha podido confirmar este periódico.

Comisión de Videovigilancia

Le corresponde ahora dar los siguientes pasos al equipo de Delia Losa, que se comprometió a corroborar con la Policía Nacional y la Guardia Civil la idoneidad de la ubicación de las cámaras de videovigilancia propuestas desde el gobierno de Ana González. Nada parece hacer peligrar que el asunto llegue al orden del día de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, un encuentro que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, y al que asisten también representantes de la Fiscalía de Asturias o de la Federación Asturiana de Concejos, entre otros. ¿Y por qué no se lleva el asunto a la reunión de abril? Porque se celebró ayer y no dio tiempo a ultimar todos los requisitos para que se incorporara al orden del día.

La Comisión será quien dictamine la idoneidad o no de instalar cámaras de vigilancia en la zona rural. Desde el gobierno local, como explicó el concejal de Seguridad Ciudadana en una entrevista en este diario, son conscientes de que "hay sensibilidad con el problema" y confían en que se autorice la instalación. En el caso de que se dé el visto bueno el próximo mayo se abriría el proceso de licitación que también lleva su tiempo, por lo que será ya el próximo mandato cuando se vean las cámaras.

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