Poner el pie en pared

Ante la eclosión emocional y política que causó la carta del Presidente desde su publicación el 24 de abril, su respuesta ha sido positiva e incisiva al mismo tiempo.

No solo es legítimo dar un golpe de efecto frente a situaciones deplorables, sino que en verdad existía una necesidad objetiva de dar un puñetazo en la mesa contra la desvergüenza reinante, no porque se piense que va a desaparecer, sino porque urge poner en pie a la ciudadanía democrática para afrontar colectivamente ese reto y darle una contra propuesta contundente en clave democrática y socialmente imbatible.

La mayoría parlamentaria que da soporte al gobierno de coalición progresista deberá ahora actuar con más efectividad para superar los obstáculos que impiden cambios fundamentales para recuperar la normalidad democrática.

Concretamente, los socialistas precisan evitar ese temblor de piernas que les producen ciertas decisiones imprescindibles para hacer creíble un gobierno de izquierdas.

Un aspecto fundamental lo constituye el Poder Judicial, que sin duda requiere el tratamiento adecuado, que nuestra constitución le otorga, pero hay que apurar el mandato constitucional para combatir tanto la utilización obscena por las derechas de sus facultades jurídicas, como para consentir usos judiciales perversos para la democracia, valiéndose de una inmunidad aparente, que no puede tolerarse, contando con el régimen disciplinario, que un nuevo Consejo General del Poder Judicial debe ejercer con transparencia y equidad, pero sin omisiones impropias de la justicia. Por ello, cambiar la ley que rige la forma de composición de dicho Consejo es indispensable para que la mayoría absoluta del Congreso ponga fin a ese juego sucio del PP para mantener una representatividad falsa para ejercer un control que no les corresponde. Si la UE lo criticara, habrá que alegarles su incapacidad para lograr un acuerdo fehaciente antes de tener que llegar a esa solución legítima, aunque pueda ser discutida, como tantas otras.

Otro elemento clave es una nueva regulación que exija a todos los medios de comunicación un código de conducta básico pero eficiente para contrapesar los bulos y las campañas de acoso y derribo sin bases verídicas reales para su divulgación. No pretendemos una censura propia de quienes ahora abusan de la libertad de expresión y de prensa, pero sí una norma clara que ordene democráticamente el ejercicio de esas libertades, muy relevantes en democracia pero con respeto a la veracidad y a una ética social irrenunciable para la convivencia.

Finalmente también hay que desarrollar unas políticas sociales avanzadas sin rubor, en vivienda, aplicando esa ley hasta ahora fallida e implementando nuevas medidas para el ejercicio de ese derecho. En general, la lucha contra la desigualdad real es lo que acredita esa política, por ejemplo, haciendo viable la incidencia del Ingreso Mínimo Vital para las personas más desfavorecidas, corrigiendo la burocracia insostenible y ampliando su alcance para todos los aspirantes que lo necesitan para su subsistencia. Sin olvidar la Ley Mordaza que sigue esperando una modificación drástica para proteger los derechos de la ciudadanía.

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