"España tiene una patología mortal, la aversión a reformar la Constitución"

El sevillano Javier Pérez Royo es uno de los constitucionalistas más mediáticos y conocidos del país. Militante comunista durante el franquismo, estudió en Sevilla, donde coincidió con Felipe González y Alfonso Guerra. Sin embargo, nunca entró en política, salvo en 2015, cuando fue brevemente candidato de Podemos. Pasó por Oviedo, invitado por La Ciudadana, para hablar de la crisis institucional, que, según afirma, no ha concluido. Advierte que España sufre la "patología mortal" de su aversión a reformar la Constitución. Cree que no habrá referéndum unilateral en Cataluña ni sentencia sobre la ley del aborto.

–¿Se ha superado la crisis con el desbloqueo del Constitucional?

–Se ha amortiguado. La crisis que para mí resulta inimaginable es que un Constitucional y su presidente decidan interrumpir la tramitación de una norma. Puede y debe controlar la constitucionalidad de la ley, pero lo que no puede es interrumpir el proceso parlamentario de elaboración de la ley. Lo que se hizo por parte del Constitucional fue un acto de piratería constitucional. Nunca se había visto en ninguna parte del mundo. Agravado por el hecho de que era una norma que afectaba a la propia presidencia del Constitucional, ya que se trataba de hacer una norma para evitar el bloqueo en el nombramiento de los miembros del Tribunal por parte del Consejo General del Poder Judicial. Uno de los magistrados que se veía afectado por la nueva ley era el presidente y por tanto él tenía que haberse abstenido. Cuando llegase el momento de la aprobación de la ley, se hubiese interpuesto un recurso de inconstitucionalidad y se hubiesen solicitado las medidas cautelarísimas para que no entrase en vigor, él hubiera tenido que abstenerse. No solo eso, sino que cuando fue recusado participó en el debate sobre su propia recusación. Esto también es algo que a nadie se le pasó por la cabeza que pudiese ocurrir.

"Pensar que el recurso a la ley del aborto está vivo es muy discutible. Ya ha sido resuelto."

–¿Estaba siendo tramitada la ley de forma adecuada?

–La ley sí, otra cosa es que no fuera constitucional la decisión que se podía acabar tomando por parte del tribunal, no tanto por razones materiales, sino por razones formales. Materialmente, no hay nada inconstitucional en ese precepto, lo que ocurre es que se utilizaba una vía que no debería haberse utilizado, adherir esa norma como reforma a otra ley sobre un tema distinto. Lo que pasa es que eso ha ocurrido más veces en España. La más escandalosa fue cuando se estableció el régimen jurídico del rey emérito por parte de las Cortes Generales, a través de una enmienda a una ley de materia económica. Se le adjuntó una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, algo muchísimo más inconstitucional que esto. Que el Constitucional lo hubiese declarado inconstitucional, pues sí. Pero los procesos son los procesos, y usted no puede elegir el momento en que interviene. El proceso legislativo no se puede interrumpir.

–Ha cambiado el equilibrio en el Constitucional, ¿va a llevar eso al desbloqueo de los recursos que hay presentados?

–Sí, no son particularmente difíciles de resolver. Yo, el del aborto, dudo que se pueda considerar vivo. Lo plantearon hace doce años unos parlamentarios que formaban parte de un grupo con mayoría absoluta desde 2011 hasta 2015. Por lo tanto podría haber reformado simplemente la ley sin esperar a que el Constitucional se pronunciara, y por tanto pensar que ahora está vivo es muy discutible. No se puede dejar once años un recurso en el congelador y decir ahora lo saco, cuando podría haberlo hecho de forma distinta. Si estuviera en el Constitucional, rechazaría discutirlo, al considerar que es un tema que ya ha sido resuelto. Y además hay ya un proyecto de reforma. Sacar ahora la sentencia sería una forma de participar en el debate legislativo de la ley que está por aprobarse, y pienso que no se puede ni se debe de hacer.

"El proceso legislativo no se puede interrumpir, lo que hizo el TC no se ha visto nunca "

–También está la eutanasia...

–Se dictará una sentencia diciendo que es constitucional, que es lo que ocurre por lo demás en la mayor parte de los casos. La anulación de una ley por anticonstitucional se produce con muy poca frecuencia. Pero tiene que haber sentencia y tiene que haber argumentación. Puede ser constitucional, siempre que se la interprete de una determinada manera, que es algo que se suele hacer con frecuencia, excluir una determinada interpretación de la ley.

–¿Qué le pasa a este país, que cada ley que sale se presenta un recurso ante el Constitucional?

–No es tanto. Se presentan recursos en muy pocas ocasiones. No creo que llegue al uno por ciento el porcentaje de leyes recurridas por inconstitucionales. Son muy pocos recursos. Hay varios intérpretes de la Constitución. El primero es el legislador, el necesario, el de siempre. La Constitución no es una norma autoaplicativa, sino que es una norma que tiene que ser desarrollada por el legislador, aprobando las leyes. Y esa interpretación puede ser revisada solo por el Constitucional, que no es un intérprete de la Constitución, sino un intérprete de la interpretación que ha hecho el legislador. En el 99 por ciento de los casos el legislador es el único intérprete de la Constitución. Cuando se plantean conflictos es en muy pocos casos, con leyes que afectan a valores morales, como puede ser el tema del aborto o el matrimonio homosexual… O Cataluña...

–¿Qué le parecen las últimas modificaciones legales para beneficiar a los dirigentes del "procés"?

–La sedición no debería haber estado nunca. Es un delito del Estado constitucional predemocrático, del siglo XIX y que tiene que ver con que el Estado era muy débil. Se tenía que recurrir con frecuencia al estado de sitio porque no había suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Solo la Guardia Civil, que estaba en el campo. En las ciudades no había una fuerza armada de la que pudiera servirse el Estado para frenar cualquier intento alterar el ordenamiento jurídico. En el Estado democrático ya consolidado de hoy, las fuerzas de seguridad son más que suficientes. Desbordar al Estado hoy es prácticamente imposible. El delito de sedición no existe ya en la mayor parte de los ordenamientos, no ha habido una sola condena por sedición en las democracias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. En España, cosa extraña, hubo una en el año ochenta, y después las que ha habido con motivo del “procés”. No debería estar en el Código Penal y debería haberse reformado hace mucho tiempo. Y me parece bien que se derogue. Como consecuencia de la forma en que se reprimió el “procés”, se dejó abierto un problema político de naturaleza extraordinaria sobre la integración de Cataluña en España que tiene que ser resuelto.

–¿Y cómo se resuelve?

–La forma de resolverlo es poder hablar. Y hay cosas que hay que hacer para poder hablar. Que no es lo más elegante, pues claro. Pero el nacionalismo catalán forma parte de la Constitución material de España, igual que el nacionalismo vasco. Eso no es un invento. Lo hemos ido viendo desde las elecciones del 15 de junio de 1977, que ahí aparecieron la izquierda, la derecha, la extrema izquierda, la extrema derecha, y los nacionalismos catalán y vasco, sin que haya dejado de estar presente. Incluso ha ido a más. La presencia de los nacionalismos ha ido a más. No sé si seguirá yendo a más, pero puede. Porque la presencia de los partidos de ámbito estatal en Cataluña y el País Vasco está en retroceso y desde la aplicación del artículo 155, más.

–Tuvo cierto protagonismo en el nacimiento del último estatuto.

–Yo participé con otros juristas no catalanes en unas sesiones de trabajo que se organizaron por el Instituto de Estudios Autonómicos para hablar de los temas sobre los que versaría el nuevo estatuto, pero no participé en ningún órgano que tomara decisiones sobre la reforma, que no estaba ni siquiera tramitándose. Allá por 2003 o 2004.

–¿Fue un golpe de Estado que se rechazase el estatuto?

"La forma de resolver el problema de Cataluña es poder hablar. Y hay cosas que hacer para poder hablar. No es lo más elegante, pero el problema político tiene que ser resuelto."

–Lo escribí ya en febrero de 2007, a raíz de la recusación de Pablo Pérez Tremps como magistrado del Constitucional. Se le recusó de una manera abiertamente prevaricadora. No había motivo ninguno, por haber participado en las mismas reuniones que yo participé y escribió un artículo sobre el tema de las relaciones entre el derecho europeo y el derecho interno. Por eso se consideró que había perdido la imparcialidad, por actuar como profesor de Derecho Constitucional. Cuando se produjo esa recusación, yo escribí: Se está preparando un golpe de Estado. Para alterar el equilibrio en el Tribunal Constitucional en el momento que se tiene que resolver el estatuto de Cataluña. Terminaba diciendo: o esto se corrige o vamos a la catástrofe. Tardó tres años en abrirse camino y estuvo cuatro años en vigor sin que plantease ningún problema. Ni un solo problema. Al contrario, se rebajó la conflictividad entre Cataluña y el Gobierno de la nación. En mi interpretación, una norma que ha sido pactada entre dos parlamentos, el de Cataluña, que propone el texto, y las Cortes Generales, que lo aprueban y en su caso lo corrigen –como ocurrió en este caso con una intensidad extraordinaria–, y que luego se somete a referéndum, esa norma no puede ser ya controlada. Se podrá controlar la aplicación que se haga de ella. Se podrá plantear un problema en el momento que el Parlamento de Cataluña apruebe una ley desarrollando ese Estatuto, y si se considera que es inconstitucional puede presentarse un recurso. El Constitucional puede interpretar la fórmula de integración de Cataluña en España cuando se plantee un caso concreto. Lo que no puede es sustituir al pacto entre las Cortes Generales y el Parlamento de Cataluña, y al referéndum de los ciudadanos, y definir él cuál es la fórmula de integración.

–El cambio de equilibro del Constitucional, ¿puede favorecer la celebración de un referéndum en Cataluña?

–No, el referéndum en Cataluña no se va a celebrar. El referéndum estaba pensado como fórmula de ratificación del pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales. La decisión que se adopta en el 78 es que ningún territorio puede imponerle al Estado un estatuto con el que no esté de acuerdo. Por eso ese contempla que el Parlamento proponente remita un proyecto al Congreso, y es la Comisión Constitucional la que discute con una delegación del Parlamento proponente el proyecto. Ahí se pacta, y una vez obtenido el pacto, se somete a referéndum. Esa es la Constitución. Ese es el referéndum reconocido por la Constitución. Al intervenir el Tribunal Constitucional y decir que tenía competencia para anular una ley pactada entre dos parlamentos y ratificada por los ciudadanos, pone en cuestión el mecanismo de integración. La fórmula de integración está formalmente en vigor, pero no materialmente. ¿Cómo se va a resolver? Habrá que inventarse alguna manera. De lo que estoy seguro es de que no se va a admitir una decisión unilateral de Cataluña de convocar un referéndum. En ningún caso.

–¿Ha seguido el estado autonómico el rumbo imaginado?

–Lo que le ha pasado es lo que les ocurre a los seres humanos. Sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Es muy frecuente. En España, sabíamos que el Estado unitario y centralista no podía ser la fórmula del Estado de la democracia española. Pero no sabían lo que querían, por lo que no pudieron formalizar la estructura del Estado. Adoptaron unas disposiciones muy ambiguas y dejaron que a través del ejercicio del derecho de autonomía se fuesen elaborando los estatutos de autonomía y al final España tendría una estructura descentralizada. La Constitución posibilitaba la definición descentralizada de la estructura del Estado, pero no la definía. Se intentó interpretar por la UCD dando un estatus diferente al País Vasco y Cataluña, distinto al resto, y eso se vino abajo con el referéndum de Andalucía, que obligó a reinterpretar la Constitución en una clave homogeneizadora. El Estado se territorializaría por completo en comunidades autónomas que tendrían la misma arquitectura institucional, prácticamente el mismo nivel competencial y un sistema de financiación uniforme excepto en el caso del País Vasco, que recogía la tradición de los fueros. España está funcionando con técnicas que son del Estado federal, pero sin ser un Estado federal. Eso funcionó muy bien hasta el año 2000, hasta la mayoría absoluta de José María Aznar. A partir de ahí empiezan a plantearse problemas que podrían haberse reconducido de no haber intervenido el Tribunal Constitucional. Se debería haber valorado el esfuerzo que hizo el nacionalismo catalán de aceptar la enorme corrección que se impuso al Estatuto en el Congreso, el famoso “cepillado” de Guerra. La única persona que se salva en ese proceso fue Francisco Caamaño, con una conducta impecable, con un trabajo formidable. Cataluña tragó mucho. Se cambiaron más de cien artículos. El PP ahí sigue, no cambió de rumbo.

–¿Sigue pensando que necesitamos un proceso constituyente?

–Tenemos problemas constituyentes ahora mismo. España tiene una patología, que es la aversión a la reforma de la Constitución, una patología mortal, que acaba conduciendo a la destrucción de la Constitución. España no es capaz de reformar la Constitución. La Constitución se hizo como se pudo, la estructura del Estado franquista estaba intacta. La Transición no creo que se hiciera mal. Esas condiciones deberían haber conducido a ir reformándola paulatinamente, poco a poco. El Senado, por ejemplo, es un aborto, no debería existir. Ahí lo tenemos. Choca con la definición del Estado español. Es deforme. Lo ha reconocido todo el mundo, el PP incluso lo llevaba en su programa electoral de 1996. Y como eso, muchas cosas. Se podría haber ido haciendo reformas y que se aprendiera a hacer operativo el mecanismo de reforma de la Constitución. Los problemas se hubiesen ido arreglando de uno en uno. Las constituciones que no se reforman, se mueren. Francia, Italia, se han reformado. Alemania, en 62 ocasiones. Es el caso más parecido a España. Su primera constitución se aprobó estando ocupado. Esto es lo que tenía que haber hecho España. Se aprobó la Constitución con un déficit de legitimidad enorme, con una monarquía que no había forma alguna de discutirla, las Cortes Generales se definen en la ley de reforma política y son trasladadas tal cual a la Constitución. No se ha hecho nada, y siempre estamos: ¿Y si abrimos, y si abrimos? Nadie se ha parado a pensar en el coste de la no reforma.

–¿Es partidario de que los jueces elijan el gobierno de los jueces?

–Eso es imposible, constitucionalmente. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno, no jurisdiccional. El Congreso, el Senado y el Consejo son los órganos entre los que pueden plantearse conflictos, porque son de naturaleza política, y como tal, el Consejo del Poder Judicial tiene que tener legitimación democrática. En España solo transmiten esa legitimidad las Cortes Generales, el único órgano que se elige de manera democrática, inviste al Gobierno y designa los magistrados del Constitucional. Los jueces tienen legitimación democrática en el ejercicio jurisdiccional, en la aplicación de la ley. No pueden transmitir legitimación democrática a un órgano político. No se puede transitar de una legitimación jurídica a una legitimación política.

–Luego, la crisis sigues ahí.

–El Consejo del Poder Judicial está todavía, y es una barbaridad, porque un órgano de naturaleza política no admite prórroga, y aquí llevamos camino de que hasta mayo o junio de 2024 no se pueda renovar. Si el PP pierde, ¿mantendrá el bloqueo? Y si las gana, ¿pueden admitir el resto de partidos que se renueven las instituciones cuando el PP está en el Gobierno, pero nunca cuando no lo está?

–¿Qué le parece la cooficialidad?

–Pues se puede producir, la cooficialidad está contemplada en nuestro ordenamiento. Es algo que tienen que decidir los asturianos, y si lo introducen en su Estatuto, serán las Cortes Generales las que decidan si lo aceptan, pero en principio no hay razón para no aceptarlo.

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