Natalidad y calidad educativa

La realidad demográfica de Asturias es neutra. Lo que cambia es nuestra manera de percibirla y, por tanto, de interpretarla. Cada año que pasa, nacen menos niños; se marcha mucha más gente que la que viene, fundamentalmente los jóvenes; existen zonas rurales convertidas en desiertos demográficos; la población está cada vez más envejecida y sigue en continuo descenso. Calificar estas circunstancias, como se hace a menudo, como invierno demográfico contribuye a considerarlas como un problema, pues parece que las han provocado causas ajenas e ingobernables de las que somos víctimas fatales. Las convertiremos en una oportunidad, por el contrario, si, como sociedad, nos hacemos responsables de ellas y nos preguntamos cómo podemos aprovecharlas para revertirlas.

La Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (Otecas), como sindicato mayoritario en nuestro sector, no elude su responsabilidad y se pregunta qué puede hacerse desde el sistema educativo para que los jóvenes elijan Asturias para formarse, trabajar y crear una familia contribuyendo a romper esta inercia demográfica. En este sentido, Otecas aboga sin dudar por la mejora de la calidad de la educación.

Dentro del servicio público de educación, el modelo no debe estructurarse por el número de alumnos sino por la calidad que pretende conseguirse. Basada esta en el aprendizaje por competencias y en una atención más personalizada que beneficie a todo al alumnado y, especialmente, al que presenta mayores dificultades. Con este modelo en mente, la crisis actual de nacimientos se convierte en una oportunidad que debe aprovecharse para mejorar la calidad educativa disminuyendo las ratios máximas de alumnos por aula, tanto en los centros de titularidad pública como en los concertados. Es una evidencia que tanto el rendimiento académico como el clima de convivencia son indiscutiblemente mejores con menos alumnos por aula y con más profesores, como quedó patente durante la pandemia, en el curso 2020-2021, cuando el número de alumnos se redujo a 20 y se aumentaron las plantillas.

Aunque la LOMLOE fija las ratios máximas, es potestad de las comunidades autónomas reducirlas. Así lo han llevado a cabo en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y, previsiblemente, en el País Vasco. En Asturias, sin embargo, el descenso de natalidad se ha traducido en supresión de puestos escolares y en cierre de unidades que, a largo plazo, será de líneas educativas completas, con la subsiguiente desaparición de recursos humanos y materiales. Se aplica el criterio numérico acogiéndose a la eficiencia presupuestaria, lo que no ocurre en otras partidas. Nadie pone en duda la trascendencia socioeconómica de la variante de Pajares para Asturias, a pesar de que nunca habrá suficientes pasajeros para amortizar sus enormes sobrecostes.

En cambio, la Educación, en lugar de considerarse como un factor de inversión, es vista como una partida presupuestaria fácil de recortar. Si la consideramos como un factor de desarrollo económico y social, debemos sumarnos a las comunidades autónomas que destinan recursos del presupuesto a reducir las ratios priorizando la calidad educativa.

Y aquí todas las organizaciones patronales, sindicales y AMPAS de las dos redes del servicio público educativo, como representantes de todas las comunidades educativas de Asturias, debemos marchar unidas con una sola e inequívoca voz para convencer a la Administración. Desde Otecas, no cejaremos en nuestro empeño para lograr este propósito.

Dentro ya del sector de la enseñanza concertada, Otecas defiende que la mejora de la calidad educativa pasa por avanzar hacia la equiparación de las dos redes dentro de su singularidad. En Infantil, en la concertada, la ratio máxima de alumnos por aula es de 25 mientras que en la pública es de 23. En la resolución que establece el procedimiento de renovación y modificación de los conciertos, solo se contempla la supresión de unidades y no, su aumento. En la concertada, las unidades que se cierran no vuelven a abrirse mientras que, en la pública, las unidades que se pierden pueden recuperarse si existe demanda suficiente.

En el reciente proceso de renovación de conciertos para el periodo 2023-2029 se han suprimido 13 unidades escolares sin atender a otro criterio que no fuera el numérico. A estas se deben añadir 7 más, cuya supresión por modificación del concierto se comunicó antes del pasado 31 de agosto. Poco o nada han importado las características del aprendizaje del alumnado y el nivel socioeconómico de las familias.

Desde una perspectiva estrictamente sindical, la calidad educativa pasa por avanzar hacia la equiparación de las condiciones laborales y salariales del personal docente de la red concertada con sus homólogos de la pública. Si prestamos por ley el mismo servicio público de educación, nuestras condiciones deben ser equiparables.

Nuestro objetivo sigue siendo convencer a la administración autonómica por todos los medios posibles, incluidas las movilizaciones como las que se han llevado a cabo desde el pasado diciembre exigiendo la equiparación retributiva, para abrir las mesas de negociación y alcanzar acuerdos. No pedimos soluciones de un día para otro, sino que, con carácter plurianual, se marque un punto de partida y otro de llegada donde se alcance el objetivo de la equiparación.

Si no se dan los pasos para convocar las mesas de negociación, la discriminación entre el personal docente y, por tanto, entre el alumnado de ambas redes seguirá enquistada y la calidad educativa de la concertada seguirá siendo a costa del sobreesfuerzo de sus trabajadores.

Finalmente, Otecas propone la creación de una dirección general específica de enseñanza concertada para fomentar una mayor sensibilización de los dirigentes políticos y funcionarios encargados de su gestión. Contribuiría sin duda a desmontar opiniones y actitudes, basadas en generalizaciones, tópicos, clichés e inexactitudes, que consideran el sector de la enseñanza concertada como un rival y un competidor al que debería excluirse del servicio público de educación.

La realidad demográfica asturiana puede ser vista como un problema provocado por causas externas que nos seguirá anclando en el victimismo y en la inercia social y política o como una oportunidad de cambio real solo si, como sociedad, incluidos los responsables políticos, somos capaces de aprovechar la coyuntura actual para mejorar la calidad educativa y crear una sociedad más justa.

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