Las mascarillas de la vergüenza

Pasan los días y lo que al principio fue el caso Koldo se ha convertido en muchos casos más. Hay ministerios implicados –Transportes e Interior–, administraciones autonómicas –Baleares y Canarias–, empresarios y, desde luego, el jefe de Koldo durante años, José Luis Ábalos, el todopoderoso ministro y secretario de organización del PSOE ahora diputado en el Grupo Mixto. Afortunadamente, la Fiscalía Europea nos ha hecho caso e investiga ya los contratos firmados en 2020 por el Servicio de Salud de las Islas Baleares y el Servicio Canario de Salud "por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias".

Sabemos de qué estamos hablando: de una trama que se aprovechó de la ansiedad generada por la covid19 para hacer ricos a unos cuantos; por ahora se habla de un fraude de 10 millones de euros. Y sabemos que en la investigación de la Audiencia Nacional queda mucho por descubrir.

De todo esto me preocupa especialmente –como negociadora de los fondos FEDER y portavoz de Desarrollo Regional en el Parlamento Europeo– lo que tiene que ver con el dinero de Bruselas; con la sospecha de que haya fondos de la UE utilizados para pagar compras de mascarillas defectuosas que acabaron en un almacén. Ya pueden imaginarse la vergüenza que supone pelear como estamos peleando para recibir ayudas que atiendan las necesidades que tienen las regiones españolas y la sociedad, y encontrarnos con que unos desaprensivos han utilizado ese dinero para estafar y enriquecerse en una situación tan angustiosa como la de la pandemia.

Por eso mi compañera Eva Poptcheva y yo pedimos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude la investigación de la compra de mascarillas por parte del gobierno balear cuando estaba al frente Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso. La Oficina no se ha sorprendido en absoluto, porque ya llevaba meses detrás de la compra de material sanitario durante la pandemia con esos fondos, tal y como estaba autorizado. Pero ahora hay datos nuevos: hay un telón de fondo de corrupción, y eso es lo que le hemos contado al director de la Oficina, el finlandés Ville Itälä.

El gobierno balear de Francina Armengol. que compró mascarillas por valor de 3,7 millones de euros a la empresa de Koldo García, solicitó fondos FEDER para pagar después de saber que las mascarillas recibidas no se podían utilizar. El ejecutivo presidido por Armengol certificó que la empresa había hecho su trabajo "de manera satisfactoria" dos meses después de que el Centro Nacional de Protección de Medios le advirtiera de que las mascarillas no servían. Para colmo, dejó pasar después tres años sin reclamar el dinero defraudado. Su palabrería vacua del pasado martes solo provoca sonrojo; en ningún caso aporta las explicaciones que tiene que dar.

No solo estamos ante una situación flagrante de irregularidad; es que esa conducta del Gobierno balear de aquel momento sirvió para ayudar a colar las mascarillas defectuosas a otros organismos y entidades que estaban bajo el alcance de la trama. Por ejemplo, al ministerio de Transportes, con Ábalos al frente ("intermediario", según el juez). Por ejemplo, al gobierno de Canarias, en aquel momento presidido por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con utilización también de Fondos FEDER para los pagos. Y todo ello a través de un procedimiento de emergencia, sin publicidad ni licitación.

La corrupción es terrible, y más aún en una situación de desesperación como la que sufrimos en la pandemia. Pero es que la corrupción con fondos europeos, además de la indecencia de aprovecharse de un mecanismo de solidaridad para financiar presuntas actividades ilícitas, es suicida. ¿En dónde queda nuestra credibilidad? ¿Qué vamos a decir cuando, como es seguro, necesitemos ayuda europea en el futuro y alguien nos recuerde estos casos?

Por eso hace falta, antes de que la Audiencia Nacional investigue a fondo y la justicia diga la última palabra, que se aborden las responsabilidades políticas que están muy por encima de Koldo García, un don nadie, aunque fuera mano derecha de Ábalos. Hace falta que mientras la Fiscalía Europea interviene, reciba señales de que nos lo tomamos en serio y que se paga un precio por lo ocurrido. Que el Gobierno se deje de lanzar tinta de calamar con ridículas especulaciones y que facilite, por el bien de todos, las necesarias dimisiones que envíen a la sociedad española y a Europa el mensaje, tantas veces proclamado en declaraciones de pura propaganda, de que el que la hace, la paga. La corrupción no puede quedar impune. Ni en Bruselas ni en España.

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