Siero ve posible conciliar la inversión de las baterías de litio en Argüelles con los intereses de los vecinos

Siero tratará de buscar una solución para el proyecto de la instalación de tres almacenes de baterías de litio en Arguüelles que sea sensible hacia los vecinos y a la vez permita cumplir la obligación que el Ayuntamiento entiende que tiene como Administración pública. Los residentes en la parroquia sierense rechazan la iniciativa y el Consistorio explica que si cumple la legalidad y todos los trámites salen adelante no se puede oponer a su desarrollo. "Estamos estudiando el expediente desde nuestra posición como municipio para ver qué recorrido hay que hacer para encontrar una salida que sea satisfactoria para ambas partes", dijo este miércoles el alcalde de Siero, Ángel García.

Las empresas madrileñas Fragonia y Galvano Power tienen previsto implantar en Argüelles tres almacenes de este tipo, con una inversión de unos 75 millones. Hace algo más de un mes se conoció que ambas empresas estaban llevando a cabo los trámites necesarios ante la Administración regional para gestionar los permisos medioambientales preceptivos. Concretamente, la ubicación elegida es la zona conocida como la Llosa de Geromo. Los vecinos aseguran que no tuvieron en ningún momento notificación alguna acerca de la instalación y muchos explican que se enteraron hace solo unos días. Esta semana se reunieron con responsables de la Coordinadora Ecologista de Asturias, que alertó de los riesgos medioambientales o para la salud que a juicio del colectivo existen.

El regidor insiste en que "utilizando la legislación y el interés de los vecinos, nuestro objetivo es encontrar una solución satisfactoria para ambas partes, que es lo que entraña la principal dificultad". Aún así, Ángel García cree haber encontrado una salida viable al conflicto de intereses entre las empresas y los residentes de la zona. Es por eso que está previsto que alcalde y vecinos tengan un encuentro este mismo sábado. "Me reuniré con ellos para hablar del asunto y explicarles la situación, porque, por respeto, quiero que sean ellos los primeros en saberlo", concluyó García.

Aunque los promotores destacan que el núcleo de población más próximo está a distancia de las casas, los afectados denuncian la cercanía de ciertas viviendas al área donde se pretenden instalar los almacenes y han anunciado la presentación de alegaciones. "No se tiene en cuenta el impacto en la pérdida de valor de nuestras casas por la cercanía de estas instalaciones industriales", consideran los vecinos, entre otros temores.

El alcalde de Siero dijo hace unos días que no se posicionaría en contra de los almacenes de baterías, pues "no contaminan, no hacen ningún ruido y son necesarios". "Si hay una persona o entidad que solicita una licencia y tiene derecho a ella, no la podemos negar. Si es que la la legislación lo permite, que es lo que hay que ver, nosotros no podemos decir nada. Porque la potestad la tienen Industria y Medioambiente", señaló en referencia a que la decisión es autonómica.

Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecologista, dijo ante los vecinos de Argüelles que este tipo de proyectos, "al tratarse de instalaciones relativamente nuevas, presentan muchos fallos". Algo con lo que García está totalmente de acuerdo. Sin embargo, quiso aclarar que "todo el mundo quiere una energía sostenible, una economía verde y, aunque bien es cierto que es una tecnología aún muy novedosa, hay que crear almacenes, primero porque es lo que están fomentando y subvencionando desde los Fondos Europeos y, segundo, porque es lo único que puede garantizar el suministro y la única alternativa al gas y al petróleo". Añadió que "si queremos que el desarrollo económico sea sostenible y verde, algo con lo que nosotros tenemos un compromiso total y absoluto, hay que cambiar ciertas cosas".

Hay otras zonas de Asturias donde hay planes similares. La localidad de Venta les Ranes, en Villaviciosa, albergará uno de estos parques de baterías de almacenamiento eléctrico. El proyecto ha sido presentado por Ricamiel Business. La actuación tendrá un coste cercano a los tres millones de euros y actualmente está siendo sometida a evaluación de a impacto ambiental simplificada.