La explotación sexual de menores tutelados, una lacra que no deja de extenderse y ha llegado a Asturias: "faltan medios" y "la legislación no favorece"

Profesionales que trabajan en los centros de menores coinciden: "Faltan medios, nos resulta muy difícil tratar a fondo con los chavales y controlar bien lo que hacen". Los educadores consultados asumen que es muy difícil saber qué hacen los menores cuando salen de las casas y, a raíz del caso de cinco chicas explotadas a en una red de prostitución en Oviedo, indican que muchas veces no tienen herramientas para poder actuar.

Carlos Becedóniz, exdirector del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias –que en la actualidad tiene rango de Dirección General y depende de la Consejería de Derechos Sociales–, es directo sobre el que a su juicio es uno de los principales problemas de los centros de acogimiento. "Los centros no tienen instrumentos para poder abordar la problemática que generan muchos menores, que ingresan con severos problemas de conducta", asegura Becedóniz, ya jubilado y gran conocedor del sistema del Principado respecto a los menores, tras una larga carrera profesional como educador en varios puestos. A su juicio, la labor que realizó la Consejería de Derechos Sociales en este caso fue la adecuado. "Me duele todo esto, porque se pone en cuestión a los profesionales y no es justo".

Según Becedóniz, que fue sustituido por la ahora consejera Marta del Arco al jubilarse como director del Instituto para la Infancia, la legislación actual es muchas veces una traba para los educadores: "No favorece que los profesionales puedan intervenir en el proceso de los chavales. Hay muchos menores que no se dejan proteger y ahí aparecen las verdaderas dificultades, porque los centros no tienen capacidad para intervenir. Los chavales que están en esas casas de acogida suelen venir con conflictos fuertes ajenos a los centros", recalca. Y lo explica: "Cuando llegan no conocen a los educadores y es muy difícil generar un clima de confianza y que los vean como a referentes".

Esta reflexión es compartida por varios educadores que actualmente trabajan en los centros. Según coinciden varios consultados, les resulta "imposible" controlar la vida de los internados cuando estos salen para hacer vida social. "En un centro hay un régimen disciplinario, protocolos, está estipulado lo que se puede hacer y lo que no, pero no puedes impedir sistemáticamente que salgan o que hagan una cosa u otra", recalca Becedóniz. Un educador que trabaja en una de estas instituciones da también otra clave: "El perfil del menor ha cambiado y es un reflejo de la sociedad; las redes sociales influyen mucho y no se suele ver a un educador como a un referente, como podría ser un padre", explica este profesional, que asegura que en el comportamiento de los chicos y chicas influye mucho también la propia convivencia entre años. "En nuestros centros conviven chavales desde los 3 a los 17 años, y se juntan diferentes problemas de conducta. Muchas veces, los más jóvenes imitan a los mayores y eso luego puede tener malas consecuencias, pero poner límites, aunque se intenta, es difícil", explica este educador.

"Creo que se necesitaría una mayor cobertura y atención psicológica para estos menores, vienen con niveles de daño muy profundo y la atención debería ser de mayor intensidad. Un psicólogo (más allá del servicio de salud mental infantil, que se queda corto) que esté más presente y con el que puedan establecer una relación de confianza que les permita empezar a trabajar", plantea otro profesional.

"Es complicado, nos faltan instrumentos. ¿Cuáles? Tiempo y atención, y a veces no los tenemos. Si tienes que atender a seis chavales es complicado y es difícil acercarse a ellos. Te ven con recelo, como el enemigo, y el mensaje de las familias a veces no ayuda", finaliza este educador.

Una lacra que no deja de extenderse

El caso de las cinco menores prostituidas pese a estar tuteladas en dos centros del Principado ha vuelto a poner sobre el tapete una situación sangrante que parece multiplicarse en los últimos años, hasta el punto de provocar la preocupación del Defensor del Pueblo. Nunca han faltado desalmados dispuestos a aprovecharse de menores con múltiples carencias emocionales y sociales, todo ello a la vista de una Administración impotente, a pesar de planes y protocolos.

Uno de los casos más famosos ocurrió en 2017, cuando una menor tutelada fue agredida sexualmente por el marido de la política Mónica Oltra, recientemente exonerada de la acusación de intentar tapar el asunto. En enero de 2020, saltó otra alarma tras la violación en grupo a una menor tutelada en Baleares, en Nochevieja. Dos años después, era desarticulaba una red de explotación en Madrid.

En abril de este año fue detenido por la Ertzaintza un joven de 25 años acusado de agredir sexualmente a dos menores tuteladas en un centro de Álava. El pasado febrero, dos adolescentes de 13 y 15 años tuteladas en Murcia también fueron agredidas sexualmente y obligadas a prostituirse a cambio de 20 euros.

Tras la alarma generada por los graves casos de abusos en Baleares, Valencia y Madrid, el Defensor del Pueblo inició en 2022 una investigación y pidió datos a todas las comunidades. Su primera conclusión es que se trata de un problema que no ha recibido un tratamiento transparente, ordenado y sistemático.

En la mayoría de los casos, las víctimas –el 81% son chicas de entre 14 y 17 años– estaban en acogimiento residencial y los abusos y agresiones fueron detectados por los educadores. Hay decenas de casos, en ocasiones a cambio de bienes materiales, como teléfonos móviles o ropa. Otras veces, las niñas son prostituidas para pagar una droga a la que les han hecho adictas los propios agresores, que a menudo han sido a su vez menores desprotegidos.

En 2022, el Ministerio de Igualdad comenzó a destinar 800.000 euros al año para programas de prevención de abusos y de la explotación sexual entre menores tuteladas o acogidas. Según informó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP, de esa primera partida sólo se ejecutó un 45,58%. Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla no gastaron ni un euro.

En Asturias, se han elaborado instrucciones que establecen el deber cualificado que tiene el personal de los centros de comunicar situaciones anómalas, la posibilidad de denuncia del niño por sí mismo y su derecho a la asistencia jurídica gratuita y al acompañamiento por una persona de su confianza. Pero ello no ha impedido que cinco niñas fuesen prostituidas.

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