Asturias quiere gestionar el ingreso mínimo para evitar los casos de devolución

Ya se anticipaba que la implantación del ingreso mínimo vital (IMV), a la par que en algunas comunidades, como Asturias, se aplicaba el salario social podría acabar generando situaciones en las que dos percepciones tramitadas por administraciones distintas podían terminar causando duplicidades, cobros indebidos o diferentes mecanismos de revisión.

Hacienda ha ido actualizando los datos de ingresos de la declaración de la renta de los beneficiarios del ingreso mínimo vital y, en base a esos nuevos datos, la Seguridad Social puede dictaminar si alguien ha cobrado de más o de menos.

Ana Arriba, profesora de la Unidad de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, alertó esta semana en Avilés de que puede haber hasta 100.000 personas pendientes de reclamaciones, pese a que no solicitaron formalmente el subsidio del ingreso mínimo vital y que les fue adjudicado de oficio.

Es la Seguridad Social en organismo estatal encargado de conceder ese subsidio, pero si con la actualización de Hacienda se establece que se ha cobrado de más, se inicia una reclamación. El problema está, según explica Paula Álvarez, directora general de Gestión de Derechos Sociales en el Gobierno regional, que la concesión se hace en base a los ingresos declarados del año anterior, pero la revisión se realiza con los datos del año en el que se ha recibido la ayuda, por lo que las condiciones podrían haber variado. Si la persona beneficiaria no se percata de que estas han cambiado puede enfrentarse a una reclamación.

No se trata de cuantías menores. Las demandas pueden ir desde los 4.000 hasta los 14.000 euros. Y en muchos de los casos ni siquiera el beneficiario realizó una solicitud formal de la ayuda. Un ejemplo: una persona que recibió el IMV porque el núcleo familiar no tenía ingresos, pero su pareja accedió posteriormente a un empleo a media jornada. Ahora la Seguridad social le podría reclamar 6.000 euros.

La Seguridad Social resalta que el ingreso mínimo vital "se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en la ley", por lo que si se modifican las condiciones la ayuda debería dejar de percibirse automáticamente. Si eso no se ha producido, se reclama el exceso cobrado con carácter retroactivo. Algunas de las razones para la suspensión están en el incumplimiento de las obligaciones o requisitos, el traslado injustificado al extranjero por más de 90 días naturales al año o la percepción de rentas económicas incompatibles con la ayuda. En esas situaciones, la ayuda quedaría suspendida hasta que varíen las circunstancias que motivaron la suspensión, momento en el que el beneficiario debería volver a solicitarla.

El pasado junio se conoció que casi 50.000 familias españolas estuvieron cobrando la prestación del ingreso mínimo vital por error durante el pasado año, por lo que una vez revisada su renta anual se enfrentaron a una devolución que, de media, ronda los 2.600 euros. Representa el 16% del total de hogares que recibieron la ayuda el año pasado. En la mayoría de los casos la situación se debe a que las rentas finales del año de la ayuda superaron los límites establecidos, según la Autoridad Fiscal (Airef) utilizando datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Pero esas reclamaciones también pueden producirse en el sentido inverso. Cuando se aplicó el ingreso mínimo vital, el Principado solicitó a 5.824 asturianos la devolución del dinero del Salario Social porque habían comenzado a percibir el ingreso mínimo vital.

La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, ya advirtió en 2021 de la complejidad en la tramitación del ingreso mínimo y apuntó el riesgo de que "el hito que ha supuesto la aprobación de esa ayuda no acabe ensombrecido por problemas en la gestión". El pasado mes de mayo, el Principado apuntó que más de 2.500 expedientes presentaban una duplicidad de ingresos, procedentes del salario social y del ingreso mínimo vital. Aunque las ayudas pueden ser complementarias en algunos casos no es así en todos.

El problema añadido a esta farragosa situación está en que los receptores de los subsidios son, en muchos casos, personas en situaciones de exclusión y a las que la reclamación les llega pasado un tiempo, por lo que les resulta imposible o muy difícil hacer frente a un pago cuantioso.

En la Consejería de Derechos Sociales del Principado se reconoce la situación, por lo que el Principado reclamará, una vez que se forme gobierno en Madrid, que la gestión del ingreso mínimo vital pase a la comunidad autónoma. "Pero no debería ser una mera encomienda de gestión, sino que debería incluir la posibilidad de efectuar cambios normativos en función de los problemas que se vayan detectando", explica Paula Álvarez.

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