Las trabajadoras del ERA acusan a la consejera de Bienestar de "faltar a la verdad"

Anticipando una reunión tensa para la cita que tiene el martes con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, el comité de empresa del ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) aviva el enfrentamiento acusando Melania Álvarez de “faltar a la verdad” en su relato sobre la situación laboral de la red de geriátricos públicos en Asturias. Allí donde la titular de la Consejería habló en la Junta el jueves de las quinientas contrataciones este año, y del incremento “de mayor calado en la historia del organismo”, Beatriz Fernández, presidenta del comité, matiza que casi la mitad de ese medio millar, 222, “son fijos periódicos discontinuos que este año han trabajado cinco meses y el que vieje trabajarán seis. Son contratos precarios que se utilizan para cubrir ausencias y no para reforzar al personal habitual de los centros”.

Entronca esta versión con otra precisión que las representantes de las trabajadoras incluyen en sus reivindicaciones: no piden más personal, sino “que los efectivos se utilicen para aumentar el personal que presta servicio en cada turno” de forma habitual, y no para cubrir bajas, vacaciones o incidencias. Aspiran a que se suba la asignación mínima de trabajadoras por turno para borrar el ejemplo que Belén Ordiz, delegada sindical de CSIF, pone sobre la mesa. “En la Mixta de Gijón, con dos auxiliares para 38 residentes, el primero come caliente y el último frío, porque no hay personal suficiente para ayudarles a comer… Cuando la ayuda es para ir al baño, el primero que lo pide va cuando quiere; el último, cuando el reloj te lo permite. Tenemos que atender entre dos a cuarenta personas de cada vez, nos están obligando a trabajar en contra de nuestra ética”, concluye, “porque vamos contra reloj”. Así, concluye, no es posible aplicar el nuevo modelo de cuidados, basado en una atención más personalizada, que busca el Principado…

Las representantes de la plantilla, que llevan doce días encerrados en la sede del organismo, responden a la versión de la Consejera sobre la ratio de personal por residente –superior en Asturias a la que impone la ley– aduciendo que en sus reivindicaciones no se mencionan las ratios, que el sistema de dependencia “también prevé que las comunidades autónomas pueden mejorar la relación mínima establecida” y “que la consejera no se ponga medallas”, que “hay que estar en los centros para conocer su realidad”, sigue Beatriz Fernández. También que esa ratio no es igual en todas las categorías profesionales y que las de animadores socioculturales o psicólogos –dos para toda la red– están muy por debajo de lo establecido.

En el terreno retributivo, Marcos Fernández (SAE) desmiente la versión de Álvarez sobre los 780 euros más que cobra un trabajador de la red pública frente a la privada y la plantilla reactiva su derecho al cobro de un plus de peligrosidad reproduciendo la cifra de las 98 agresiones registradas el año pasado por el servicio de prevención de riesgos laborales. Calculan que ese complemento comprometería 2,2 millones de euros y que difiere del que ya están cobrando desde enero y que se vincula a la puesta en marcha del nuevo modelo de atención sociosanitaria: éste sale a cincuenta euros lineales al mes, el de peligrosidad iría subiendo, según la categoría profesional, de 51 a 120… Las sentencias que descartan el riesgo a las que alude la Consejería, rematan, son de etapas pasadas, sin partes o protocolos de agresión. Llaman además la atención sobre otros colectivos que sí tienen el plus y por poner un solo ejemplo hablan del personal de los centros de atención a la discapacidad, que pertenecen a la misma consejería y atienden a personas que, cuando cumplen los 55 años pasan, curiosamente, a las residencias del ERA.

Acudirán, dicen, con talante “negociador” a la reunión del martes, pero admiten que la negativa que ha mostrado hasta ahora la Consejería a todas sus reivindicaciones prueban que “no hay negociación por la otra parte”.

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