El Noroeste, en lucha contra el aislamiento: la próxima legislatura, clave para el desarrollo de las infraestructuras asturianas

Empresarios y políticos de Galicia, Asturias y Castilla y León deberán redoblar su presión al futuro Ejecutivo para recibir la misma atención que lleva décadas consiguiendo el Corredor Mediterráneo

El origen de la reivindicación. Decenas de empresarios y dirigentes políticos, convocados por las patronales,  se reunían el 18 de septiembre de 2018 en Gijón y constituían la Plataforma Atlántico Noroeste. | Ángel González

El origen de la reivindicación. Decenas de empresarios y dirigentes políticos, convocados por las patronales, se reunían el 18 de septiembre de 2018 en Gijón y constituían la Plataforma Atlántico Noroeste. | Ángel González / Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Todo para el Mediterráneo, nada para el Noroeste. Aunque pueda parecer exagerado es exactamente lo que ocurrió hace unas semanas, cuando se conoció el reparto de los 6.200 millones de euros del Mecanismo Conectar Europa (MEC), correspondientes a la convocatoria de 2022, pero que se entregarán este año. A España llegarán 247 millones, ninguno a Galicia, Asturias y Castilla y León. ¿La razón? El Gobierno de Pedro Sánchez no presentó a ese fondo de la Unión Europea (UE) ningún proyecto para el Noroeste. Los gobiernos de Galicia y Castilla y León protestaron; el de Asturias, no. La explicación del Ejecutivo central fue que prefiere financiar los proyectos del Noroeste con "otros fondos con mejores condiciones". Pero no aclaró porque sí presentó al MEC proyectos para el Corredor Mediterráneo.

El caso es que el Noroeste se juega en la próxima legislatura buena parte de su futuro, sobre todo en lo que se refiere a las infraestructuras, y más aún a las ferroviarias. Los gobiernos autonómicos tendrán que redoblar su presión al futuro Ejecutivo central para acabar con la marginación del Noroeste, y del Corredor Atlántico en su conjunto, con respecto al Mediterráneo, que han denunciado reiteradamente los empresarios. Claro que el Gobierno español la niega tajantemente y se escuda en que en los Presupuestos del Estado para este año se incluyen cifras de inversión similares para los dos ejes: 1.695 millones para el Corredor Mediterráneo y 1.648 para el Atlántico. Pero es un hecho, expuesto también por empresarios y expertos, que en los últimos años los sucesivos gobiernos centrales han atendido más y mejor al eje levantino. Alcanzar un verdadero equilibrio y huir del aislamiento han de ser los objetivos.

El reparto de los fondos MEC para este año es buen ejemplo de la diferencia de trato: la mayor inversión en España son los 27,9 millones asignados a la electrificación y armonización del ancho de vía en el tramo ferroviario entre Castellón y Vandellós del Eje Mediterráneo, donde también se llevará dinero comunitario, por ejemplo, la construcción de un área de estacionamiento para camiones entre Murcia y Almería. En el Corredor Atlántico, al que pertenece el Noroeste, solo se llevará un buen pellizco la "Y vasca", 22 millones para el tramo de alta velocidad entre Atxondo y Abadiño, en Vizcaya, tal y como había solicitado el Gobierno del peneuvista Íñigo Urkullu.

Tampoco ha atendido el Gobierno de España la petición –casi un ruego ya– de los empresarios del Noroeste para que solicitara en Bruselas que las autovías de Galicia y Asturias a Madrid, incluidas la "Y asturiana" y la autopista del Huerna, fueran incluidas en la red básica de transportes, la "primera división" de las carreteras de la UE. ¿Por qué es importante que las autovías entren en la red básica? Porque solo las incluidas en ella pueden acceder a ayudas multimillonarias de aquí a 2030, mientras que las de la red global (la "segunda división") deberán esperar a la próxima década. Y el dinero será determinante para convertirlas en "autovías inteligentes".

El Gobierno vasco también ha conseguido en este punto que se incluya la autovía del Cantábrico (A-8) en la red básica. Y que allí se inaugure, en 2024, el primer tramo de autopista inteligente adaptado para coches autónomos, un trayecto de 57 kilómetros de la Transcantábrica, entre Ermua y Ugaldebieta, en Vizcaya. Pruebas similares se realizarán en el Corredor Mediterráneo.

Otra demanda que afecta al Noroeste, que han reclamado las cámaras de comercio de las zonas afectadas, incluidas las asturianas, y que no ha sido escuchada es la recuperación del ferrocarril de la Ruta de la Plata, entre Gijón y Sevilla. Cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, pero el Gobierno español no la ha incluido en sus peticiones para la red básica. Sí avanza, por el contrario, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que unirá Cantabria y el País Vasco con el Levante por Aragón. El apoyo de los gobiernos de las regiones implicadas en ese proyecto ha sido hasta ahora absoluto. Mucho más claro que el de los gobiernos del Noroeste a sus empresarios. Porque el respaldo político a las demandas del sector, con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) claramente a la cabeza de las patronales, no ha pasado de las palabras a los hechos.

Además, al mucho mayor peso demográfico y político del Mediterráneo, en comparación con la España atlántica, se une la tremenda fuerza de su empresariado, constituido en "lobby" desde hace dos décadas, capaz de movilizar gobiernos autonómicos y ministros. Un empresariado que, además, ha ido siempre de la mano, sin fisuras, lo que no ha ocurrido siempre en el Atlántico, y menos aún en el Noroeste. Un ejemplo: la Plataforma Atlántico Noroeste, creada en 2018 por las patronales, funciona solo "a ratos". De ahí, por ejemplo, que el Eje Mediterráneo cuente con un comisionado desde hace cinco años y el Atlántico solo desde enero. O que aquel tenga un plan director y este no lo espere, al menos, hasta el mes de octubre.

En todo caso, Asturias se juega en la siguiente legislatura mucho más aún. Porque, como ha apuntado la FADE, "Asturias no termina en la Variante". Lo tienen claro los empresarios, pero resta que lo asimilen también los políticos. Porque podría darse el caso de que se intentaran acallar las demandas lanzadas desde Asturias con los casi 4.000 millones que les ha costado a los contribuyentes españoles dotar de una nueva conexión ferroviaria –debe estar lista en noviembre– a una región de un millón de habitantes. Pero la Variante no salda la "deuda histórica" del Estado con Asturias, ya que la mayoría de los compromisos adquiridos, algunos el siglo pasado, siguen en el limbo.

Así, una legislatura más, igual que en 2019, que en 2015, que en 2012, e incluso antes, Asturias tendrá que seguir reclamando al Estado que culmine los planes de vías de Gijón y Avilés, el soterramiento de Langreo, los accesos terrestres al puerto de El Musel, el enlace de Robledo, la autovía Oviedo-La Espina y su continuación a Tineo, Cangas del Narcea y Ponferrada, las rondas norte de Oviedo y Avilés... Y, en especial, la Zalia, llamada a ser la gran plataforma logística en el Noroeste, con su cabeza tractora en el "superpuerto" de El Musel, pero que suma ya veinte años de promesas incumplidas, de demoras y de fracasos.

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