Pensionistas estafados por decreto

Por fin, después de tanto bailar la yenka, el ministro Escrivá acaba de parir su reforma de pensiones con sus apéndices gubernamentales de UGT y CC OO. Es decir, este tahúr monclovita que, siendo presidente de la AIReF se vanagloriaba de su independencia, proponiéndose él mismo como el ministro capaz de reformar la Seguridad Social haciendo viable el sistema público de pensiones, ha presentado una reforma que no reforma absolutamente nada y, por desgracia, deja las cosas igual o peor que estaban, porque mientras se sigan ligando exclusivamente las pensiones a las cotizaciones sociales y mientras se le siga cargando al sistema otras prestaciones que en absoluto le corresponden, será prácticamente imposible que el problema quede resuelto como pretenden hacernos creer.

Desde luego para este viaje no se necesitaban alforjas. Se trata de una entrega por fascículos, pensando principalmente en el momento electoralista –¡somos más de nueve millones de pensionistas!–, de tal manera que en este primer fascículo de la serie su cuantía pase desapercibida, al menos en el corto plazo, aunque los efectos negativos que se producirán a medio y largo plazo ya se verán. Y esto es lo peor, el "ya se verá", es decir que el problema de las pensiones queda sin resolver, una vez más.

Es evidente que esta reforma no es la reforma de las pensiones que exigía Bruselas, teniendo que modular su posición inicial sobre uno de los puntos fundamentales, como era el periodo para calcular la cuantía de la pensión, teniendo que conformarse con la ampliación de 25 hasta 29 años, lo que, pese a quien pese, significa un recorte de las pensiones, a la vez que, en esta primera entrega, renunciar a incrementar la edad de jubilación por encima de los 67 años, tal y como pide el mismísimo Banco de España. Y ello, es debido, entre otras cuestiones, a la fuerza y a la influencia del viento popular, particularmente del movimiento en defensa de las pensiones públicas y el grado de conciencia y apoyo social acumulado en estos últimos años, desde Asturias a Bilbao y desde Bilbao a Madrid, sin contar con la participación de los sindicatos del gobierno que solo salen a la calle cuando gobierna el PP, aunque los problemas de las pensiones sean los mismos o peores, tal como ocurrió cuando el gobierno Zapatero congeló por primera vez las pensiones en España.

Y tampoco podría entenderse este cambio de planes y plazos por parte de Bruselas ignorando el actual marco político-social en donde se encuentran inmersos la totalidad de los países de la Unión Europea, no solo por su dedicación casi exclusiva a la guerra que libran en Ucrania, como fieles lacayos de la OTAN, en contra de Rusia, sino por el "estallido social" que se está produciendo en algunos países que, como en el caso concreto de Francia, amenaza con tumbar al actual gobierno de Macron con aspiraciones de implantar la VI República francesa. Todo ello, que duda cabe, amenazan las débiles cuadernas de la mismísima Unión Europea.

Es decir, Bruselas pide estabilidad, ante un escenario en medio de una crisis de inflación y tipos de interés que, agudizada por la guerra, agitan el malestar social, y por ello acepta, en una primera entrega, esta llamada reforma presentada por Escrivá, pero recelando de sus resultados y por eso exige un mecanismo de revisión para imponer los ajustes adicionales en una segunda y tercera entrega que, para nosotros, significan drásticos recortes, para el caso de que la AIReF detectase desviaciones sobre los gastos o ingresos previstos.

Muy recientemente, el 24 de marzo de 2023, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentaba su opinión sobre la reforma de las pensiones de su hasta ahora único expresidente, José Luis Escrivá, "teniendo que evaluar una reforma que, en absoluto, garantiza la sostenibilidad del sistema ni siquiera con la importante subida de cotizaciones sociales que realiza, justo lo contrario de lo que defendía el propio Escrivá en 2019, cuando publicó su anterior análisis".

De hecho, el Banco de España suspende también la reforma de pensiones de Escrivá por no cuadrar las cuentas, coincidiendo plenamente con la opinión de la AIReF en que el decreto-ley del gobierno genera más déficit a la vez que debilita el empleo, con perdidas de miles y miles puestos de trabajo.

¿Cómo es posible que este tahúr de los números sostuviera, en 2019, que las cotizaciones sociales en España superaban "en seis puntos la media de la OCDE" y que no había que subirlas en ningún caso para que, después de tres años bailando la yenka, nos presente ahora una solución radicalmente contraria? Es más, por aquel entonces, Escrivá se mostraba favorable a la reforma del PP de 2013 que ahora critica duramente, planteando desde su AIReF que las reformas paramétricas de 2011 y el Factor de Sostenibilidad creado por el PP y que ahora ha derogado contendrían adicionalmente el gasto en 3,5 puntos.

Desde mi punto de vista, la reforma presentada por Escrivá, avalada por el pandillerismo sindical, sigue manteniendo a la Seguridad Social enclaustrada tras los barrotes de la división de fuentes, por lo que está condenada a malograrse, al estar fundamentada en la subida de los ingresos , pero no a cuenta de las cotizaciones sociales, entre otras cuestiones, porque se trata de un impuesto al trabajo con el consiguiente riesgo de que se desincentive el empleo y, por otra, su progresividad es muy reducida al recaer tan solo sobre las rentas del trabajo. Claro que el incremento de la recaudación hay que realizarlo, pero acometiendo, de una vez por todas, una reforma fiscal que este gobierno, tan progresista él, en absoluto está dispuesto a emprender.

Es decir, esta reforma que nada reforma, no va más allá de lo que es una profecía. Para blindar el futuro de las pensiones, tal y como se jacta el gobierno de "vendernos" en su campaña electoreral, es preciso blindar el sistema público y su incremento salarial anual con el IPC real, incrustándolo como uno de los derechos fundamentales de la Constitución. Si tanta garantía ofrece el gobierno, refiriéndose tanto al incremento del IPC como al mantenimiento del sistema público como tal, ¿cuál es el problema para hacerlo constitucional?

Qué duda cabe, las pensiones han sido siempre una de las dianas preferidas del neoliberalismo económico, donde se han cruzado el sectarismo doctrinal de los enemigos de lo público con los intereses de las entidades financieras que pretenden promocionar sus fondos, poniendo en duda la viabilidad del sistema público, a la vez que anunciando apocalípticamente su quiebra, donde, paradojas de la vida, CC OO y UGT figuran entre los grandes beneficiados del creciente negocio que se abre para su privatización, con su participación en el accionariado de las gestoras de pensiones de BBVA y de Telefónica, líderes del mercado en España, siendo regados anualmente con jugosos dividendos que se van incrementando en la medida que van mermando las pensiones públicas, por la creciente necesidad de los trabajadores para compensar los menguantes ingresos procedentes de la Seguridad Social con ahorro privado. Justo lo que tantas veces ellos mismos han criticado.

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